Tras 4 años negando la libertad de expresión y después de más de 36 meses desde que el Tribunal Administrativo de Navarra reconociese de forma categórica ese derecho a la asociación correspondiente, quedó patente que el ayuntamiento de Pamplona ejerce una clara discriminación en perjuicio de los derechos fundamentales del ciudadano.

La colocación de una mesa informativa denunciando el maltrato sistemático que la sociedad infringe sobre todos los animales, especialmente los mal llamados de granja o el genocidio de billones de peces, parece molestar tanto a este como al anterior consistorio.

Conviene recordar que toda esta labor de recurrir por parte del ciudadano tantas injusticias e indefensiones, requiere de un tiempo y un dinero que la gran mayoría de la población no dispone. Y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, también de una buena dosis de paciencia.

Como esgrime la resolución 1295 dictada por dicho Tribunal, la prohibición por parte del ayuntamiento es «altamente contraria al principio de igualdad (artículo 14 de la Constitución Española)».

La aplicación de esta resolución en definitiva, pone de manifiesto que a la administración pública competente en la materia, no solo no le interesa visibilizar los derechos de todos los animales y por ende, el abuso y maltrato hacia todos ellos, sino que utiliza todos los recursos necesarios para ocultarlo. Algo que también vemos día tras día en decenas de ayuntamientos de nuestra comunidad, con su negación a cumplir la ley que vela por un mínimo respeto hacia algunos animales.