No lo pueden evitar, con el nombramiento de juez parece que el Espíritu Santo les otorga el don la infalibilidad y el dominio absoluto sobre todos los representantes de la ciudadanía elegidos directamente en las urnas. Isabel Perelló es la nueva presidenta del CGPJ que pone fin provisionalmente a una fase de incertidumbre provocado por el motín de los jueces componentes del anterior CGPJ que se negaron durante más de cinco años a ser relevados. La composición del nuevo tribunal no responden a la exigencia legal de proporcionalidad en función de los resultados de las elecciones recientes. En su primer discurso la nueva presidenta ya ha puesto de manifiesto la exigencia de independencia judicial para dejar claro que «ningún poder del estado puede dar indicaciones ni instrucciones a jueces sobre cómo han de interpretar y aplicar las leyes», al tiempo que ha pedido salvaguardar la independencia judicial frente a las posibles injerencias externas. Quizá podría haber iniciado su mandato con un saludo de respeto a las instituciones elegidas por la ciudadanía de las que ella y los demás miembros del CGPJ deben como mínimo el respeto a la legitimidad del Congreso, puesto que la de los jueces no es directa, sino otorgada por los diputados. No es baladí, pues en varios episodios el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto falta de sensibilidad que se ha tenido que obviar con cierta actitud de sumisión por parte del Congreso en evitación de males mayores, lo que ha dejado una sensación negativa en la opinión pública que se está materializando en actitudes despectivas contra decisiones del ejecutivo al que acusan de invadir la separación de poderes del estado del derecho. Parece que la señora Perelló no participa de los criterios y fundamentos de la legislación judicial europea y va a continuar la rebelión de los tribunales españoles y eso que la nueva Presidenta está catalogada como del ala progresista. La justicia en España requiere aún un hervor para adaptarse a la de la UE.


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