«Lo que afecta a todos debe ser decidió entre todos». Esto es, con todas las letras, la argumentación del Tribunal Constitucional español para prohibir el referéndum en Catalunya, dando pie jurídico a las subsiguientes acciones represivas del Estado español: requisamiento de urnas y papeletas, apaleamientos de ciudadanos que acudían a votar, requerimientos ante la Audiencia Nacional y encarcelamientos de quienes eran señalados como promotores...

Hemos de suponer pues, que el Tribunal Constitucional desconoce que desde hace muchas décadas en el Estado español esto ni ha ocurrido ni ocurre así, realidad de la que son claros ejemplos entre otros la Monarquía española –la Jefatura del propio Estado, ahí es nada– y los miles y miles de millones donados desde las arcas públicas –esto es, desde el bolsillo de todos y todas– a los beneficios privados de la banca. Si hay algo que afecta a todos aquí hay pues dos claros ejemplos, aunque como es bien sabido en ninguno de los dos casos ha sido consultada para nada la ciudadanía: la Monarquía que nuestros abuelos rechazaron en unas elecciones libres aquel abril de 1931, que volvió merced al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y que aquí sigue gracias a la Constitución de 1978; y del mismo modo la multimillonaria cifra regalada a la banca, ofrenda decidida de forma unilateral por el Gobierno español... empleado de esa misma banca.

¿Desconoce esto el Tribunal Constitucional español con toda su sabiduría y rectitud democrática? Y si no lo desconoce... ¿es ajeno dicho Tribunal al delito de prevaricación que parece estar cometiendo? Y más aún: esa doctrina jurídica, esa sabiduría y rectitud democrática... ¿sólo es válida para el caso catalán y otros similares que cuestionen algunas de las esencias del llamado «régimen del 78» cuyo rasgo más conocido es el haber mantenido en sus valores y en sus prácticas, de forma abierta o encubierta, gran parte del ADN de la dictadura que le precedió?

Yo... por comentarlo.