El problema sin resolver de Iruña-Veleia depende de la decisión que tome el Tribunal Constitucional, ya que Eliseo Gil, codirector del equipo arqueológico que encontró los grafitos y que fue expulsado del yacimiento en noviembre de 2008 acusado de haberlos falsificado, presentó un recurso de amparo porque el juzgado lo ha condenado sin presentar «ni una sola prueba de su culpabilidad» y sin que «se haya demostrado científicamente que los mencionados hallazgos sean producto de una falsificación».

De hecho, la sentencia del juicio se contradice, condena a Eliseo Gil pero confiesa que «no ha resultado probado suficientemente que él mismo hubiera realizado de propia mano los grafitos contemporáneos». Pero para condenarlo añade que realizó los grafitos «bien por sí o bien por medio de terceras personas», lo que no es posible, ya que no los hizo por sí porque «no ha resultado probado suficientemente», y esas «terceras personas» no existen, en once años de proceso judicial no se ha identificado a ninguna de esas personas que de repente menciona la sentencia.

Así que el Juzgado condena pero carece de pruebas, y eso que en julio de 2012 solicitó un informe pericial al Instituto del Patrimonio Cultural de España en el que le requería información sobre los grafitos, en concreto la «antigüedad». El Instituto respondió que «no cuenta con técnicas de datación». Y se acabó; el Juzgado se conformó con esa respuesta y no acudió a laboratorios expertos que sí tienen medios para determinar la época en que se han grabado los grafitos.

Así de sencilla habría sido la solución, pero el verdadero problema es que las entidades políticas, universitarias, científicas, culturales y judiciales por alguna razón no quieren que se haga la datación de los grafitos, el único modo de conocer la verdad.

[Los documentos que contienen las citas están en https://www.veleia.fontaneda.net]