Vascos y catalanes suponen apenas un 20% del Congreso estatal, 23 y 47 diputados respectivamente sobre un total de 350. Desde esa perspectiva, la opción de materializar sus ambiciones (derecho a decidir y otras) en esas cámaras legislativas estatales es muy reducida, por no decir inexistente. Pero eso no implica que sean irrelevantes. Que Pedro Sánchez haya terminado adelantando las elecciones por el bloqueo de la cuestión catalana no es ninguna novedad. A su predecesor José María Aznar lo pasaportó su enfermiza obsesión vasca, al intentar imputar a ETA la matanza del 11M. Y unos años antes, las responsabilidades en los GAL del primer presidente español del PSOE fueron decisivas para aquel «Váyase, señor González».

Sobre todas las crisis estatales de estas últimas décadas impacta la incapacidad de afrontar las demandas vascas y catalanas en clave democrática. En la convocatoria del 28 de abril, las principales fuerzas estatales desde el PSOE hasta Vox pasando por PP y Ciudadanos pugnarán de nuevo para ver quién es el más intransigente frente a la autodeterminación. Ocurrirá al mismo tiempo que en el Tribunal Supremo se juzga a los líderes catalanes por dejar votar a su pueblo, poniendo a Madrid a examen ante los demócratas de todo el mundo, y a la vez que en Euskal Herria las formaciones españolistas no dejan de perder terreno político, institucional y social. Y es que un problema que no se afronta, solo puede crecer y pudrirse.

El contexto español está envenenado, como muestra la aparición de una ultraderecha sin caretas. Pero a su vez el terreno para que las reivindicaciones vascas y catalanes avancen está más sembrado que nunca. Ahí está por ejemplo la opción de suma de fuerzas, ya sellada para las europeas en el caso de Ahora Repúblicas. No es hora –nunca lo es– de temer a las urnas, sino de hacer palanca en ellas desde los únicos puntos donde pueden voltearse las cosas para todo el Estado: Euskal Herria y Catalunya.