La trasposición de la directiva europea sobre el sector audiovisual está poniendo de manifiesto algunas de las miserias con las que las lenguas minorizadas del Estado español lidian a diario. La primera, menor, es la ausencia de marco alguno que garantice la palabra dada en Madrid. La capacidad del PSOE para desdecirse y no cumplir lo pactado, en esta materia y en otras, es proverbial. Escudándose en que las grandes plataformas no tienen sede en Madrid, asegura que no puede imponer cuotas en euskara, catalán o gallego. Esto, evidentemente, es mentira.

La capacidad de negociación existe, como lo demuestra el acuerdo recién firmado por el Estado francés con Netflix, Amazon y Disney+ para que estas destinen el 16% de sus ingresos en el país a producciones galas.
Lo que hace falta es voluntad política, que al Estado español, por cierto, le sobra si de lo que hablamos es de la protección del castellano. De hecho, acaba de renunciar a formar parte del sistema de patente unitaria europea con el argumento de que estas patentes se podrán presentar en inglés, francés o alemán, pero no en castellano. El Estado español sabe proteger su lengua; lo que hace con el euskara, el catalán y el gallego no es una dejación de funciones ni una negligencia, es una política activa que busca privilegiar la que considera su única lengua, el castellano.

El futuro de las lenguas minorizadas está estrechamente ligado a la soberanía de cada pueblo. Esto no quiere decir, sin embargo, que no haya camino por recorrer mientras tanto. Hay un trabajo urgente que hacer en casa –el cual señala especialmente a EiTB– y otro fuera. Ayer, entidades en defensa de la lengua de Euskal Herria, Països Catalans y Galiza se dieron cita en Madrid para reivindicar su espacio en la Ley Audiovisual. Todo esfuerzo es poco para impulsar la presencia del euskara, en nuestro caso, en un ámbito tan transversal y crucial como el sector audiovisual, una ventana abierta al mundo capaz de configurar imaginarios y reproducir o transformar sistemas de valores.