Tres jueces deliberan y dejan por escrito en una sentencia que «no ha quedado plenamente acreditada la existencia de dichas torturas y presiones». ¿Por qué? Esos jueces han visto las fotos del cuerpo de la acusada en carne viva, imágenes de cuando pasó por el hospital durante su arresto, hace ahora 20 años. En el juicio oral han escuchado su testimonio, en el que ha relatado los tormentos a los que la sometieron durante la incomunicación los guardias civiles. Todo concuerda, es coherente. Por si fuera poco, diferentes informes de expertos certifican los malos tratos y las secuelas. Se le ha aplicado el Protocolo de Estambul, y el relato es veraz. Sufre un estrés postraumático compatible con la tortura.

En definitiva, los jueces tenían muchas más pruebas de las torturas que sufrió Iratxe Sorzabal que de que ella cometiese un atentado en Xixón. A pesar de todo, han decidido condenar a Sorzabal a 24 años y seis meses de cárcel por «estragos terroristas» contra un edificio. Por contraste, la condena en primera instancia a los guardias civiles que torturaron a Igor Portu y Mattin Sarasola fue de entre 4 años y medio y 2 años. Una quinta parte. Luego el Tribunal Supremo la anuló y finalmente Estrasburgo sentenció que esos detenidos sufrieron un «tratamiento inhumano y degradante». Eso sí, nadie cumplió condena por ello. Desde luego, este desequilibrio en las penas no responde a tener los derechos humanos como prioridad.

Los magistrados han tenido que recurrir a hipótesis rocambolescas y al cinismo para denegar las torturas a Sorzabal y justificar su condena. Así funciona la impunidad de la tortura en el Estado español: empieza con los policías y termina con los jueces, pasando por forenses, políticos y medios de comunicación. Sin duda, este proceso indignará a los interlocutores internacionales con los que Sorzabal trató de construir un escenario de paz desde Noruega. Es verdad que estos casos trituran el relato oficial sobre el conflicto. Pero también es cierto que una persona, otra ciudadana vasca, está sufriendo una injusticia inaceptable.