Esta semana el Gobierno de Lakua ha reconocido dos casos tristemente emblemáticos de vulneraciones de derechos que tuvieron lugar hace décadas, protagonizados por cuerpos policiales y que hasta ahora habían sido negados oficialmente. Son los casos de la emboscada de bahía de Pasaia y la muerte de Rosa Zarra.

Por un lado, sobre la celada de Pasaia en la que murieron acribillados José Mari Izura, Pedro Mari Isart, Rafael Delas y Dionisio Aizpuru, militantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, la Comisión de Valoración de la CAV para casos de violencia estatal ha establecido que fue una «ejecución extrajudicial» diseñada y llevada a cabo por las FSE. Desde las autopsias hasta las maniobras para obstaculizar la investigación, todas las pruebas apuntalan la verdad y contradicen la versión oficial.

Por otro, la Comisión ha informado de que Rosa Zarra murió a consecuencia del impacto de una pelota de goma disparada por un agente de la Ertzaintza. Queda así desmentida la versión del entonces consejero de Interior Juan Mari Atutxa, que siempre sostuvo que la muerte de Zarra se debía a una enfermedad y no al disparo. Esa postura oficial ha permeado a la Policía y se ha reproducido como un dogma, generando una cultura policial nefasta.

Los trabajos de la Comisión de Valoración de la CAV están dando frutos. Otro tanto en Nafarroa y en el tema de las torturas. Hay que agradecer a sus integrantes y a los equipos que realizan el trabajo documental y forense el esfuerzo. Es un trabajo duro que supone una gran carga y que las víctimas agradecen.

Una política necia, una obcecada crueldad

El crimen de Pasaia es de hace 41 años; el disparo de Amara sucedió hace 30. Las instituciones vascas y españolas se conjuraron en su estrategia contrainsurgente, se han atrincherado largamente en el negacionismo y han saboteado todo intento de conocer la verdad, de hacer justicia y de reconocer a las víctimas. Precisamente, poner a las víctimas de ETA a la cabeza de esa «estrategia antiterrorista», la misión de lobby que tienen algunas de esas organizaciones ligadas a la derecha española, la difusión de versiones oficiales en los medios de comunicación y la prevaricación de los tribunales españoles han ahondado en la discriminación de estas víctimas.

Mucha gente ha mirado hacia otro lado, a pesar de conocer la incontestable verdad de los hechos: murieron de forma injusta a manos de la Policía. Frente a la postura cobarde de las FSE y parcial de las instituciones, una parte importante de la sociedad vasca era consciente de que hacía falta una memoria veraz e integral. En este terreno, no se debe olvidar la postura coherente y empática adoptada por algunas víctimas de ETA, que han criticado duramente la discriminación de estas otras víctimas.

La perseverancia de las familias ha sido determinante. Pese a todos los obstáculos, no se han rendido.

Un ventajismo que opera contra la libertad

Estos reconocimientos son muy importantes. No obstante, también evidencian la impunidad de estos crímenes –y de los que faltan por reconocer–. No cabe duda de que si los responsables de la muerte de los cuatro de Pasaia y de Rosa Zarra, o si los torturadores hubiesen sido juzgados y condenados, la situación de las cárceles se hubiera afrontado de diferente manera por parte de las instituciones. La venganza habría decaído antes, se impondría al acuerdo y no sería tan importante la perspectiva transicional.

Ayer Sare hizo su X Asamblea y, además de reivindicar el camino transitado en estos últimos años, llamó a que se termine con la excepcionalidad de una vez por todas y demandó que se construya una convivencia basada en los derechos humanos. Ya es hora.