El expresidente peruano Alberto Fujimori ha sido indultado evocando razones humanitarias por el actual presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski. Ocurre tan solo tres días después de que este salvara una moción de censura en el Parlamento –motivada por una acusación de corrupción– gracias a la abstención de varios diputados del partido liderado por la hija de Fujimori. El indulto confirma los rumores sobre el acuerdo entre el actual presidente y los hijos de Fujimori para intercambiar el perdón a su padre por el apoyo necesario para que el actual presidente retuviera el puesto.

En este país sabemos mucho sobre el derecho que asiste a los presos gravemente enfermos a afrontar su dolencia fuera de prisión. Sin embargo, Kuczynski ha ido más allá al perdonar la pena a la que fue condenado Fujimori por los crímenes que cometió. Indulto que además conlleva una gracia presidencial que libra al expresidente de todos los procesos penales que tenía abiertos. De esta manera se garantiza al exmandatario la impunidad y se dejan sin investigación ni castigo otros crímenes que pudiera haber cometido durante su mandato. No habrá verdad, ni justicia, ni reparación, lo que ha provocado la lógica indignación de las víctimas y de las organizaciones de izquierda que apoyaron al actual mandatario peruano. Nada ha suavizado la reacción el hecho de que haya permitido a otro expresidente, Ollanta Humala –en prisión acusado de corrupción–, reunirse con su mujer, también presa.

Se trata de un ejemplo más de la ligazón entre corrupción e impunidad que rodea a gobiernos de todos los países del mundo, donde se intercambian favores para que las violaciones de los derechos humanos cometidas desde el poder queden impunes. En las altas esferas del poder todo se ha convertido en objeto de negociación y compraventa, lo que ha transformado al Estado en una estructura de corrupción económica y moral que debilita profundamente la democracia.