La Audiencia Nacional española decidió ayer denegar la suspensión de la pena a Sara Majarenas, cuya hija Izar se encuentra en el hospital La Fe de Valencia, gravemente herida después de haber sido agredida por su padre a mediados de enero. La decisión judicial ayer conocida se escuda en que el juez central de Vigilancia Penitenciaria dictó un auto el pasado jueves en el que decidió ampliar los horarios de visita de Majarenas a Izar. Una ampliación que, sin embargo, todavía no se ha concretado en medidas prácticas.

Los atropellos van uno detrás de otro en este caso, empezando por la agresión machista del padre y siguiendo por la permanencia en la cárcel de Majarenas, que ha cumplido ya 12 de los 13 años a los que fue condenada. Es decir, que ha cumplido con creces las tres cuartas partes de la condena, por lo que cumple todos los requisitos para acceder a la libertad condicional sin mayor demora. En vez de ello, sigue cumpliendo su condena en la cárcel de Picassent, a 540 kilómetros de Euskal Herria. Hasta ahora madre e hija vivían juntas, pero cuando la menor cumpla tres años –algo que ocurrirá en el próximo mes de marzo–, la ley establece que deberá abandonar la prisión.

A corto plazo, queda por aclarar en qué se traduce en la práctica la ampliación de horarios decretada por Vigilancia Penitenciaria en el auto del pasado jueves. No será difícil mejorar las míseras visitas que se le permiten a día de hoy a Majarenas, que puede visitar a su hija tan solo durante una hora cada dos días. Pero cualquier ampliación será insuficiente. Por sentido común, cualquier mejora del día a día será bienvenida en una situación límite como la  que viven actualmente. Por pura humanidad, sin embargo, la demanda no puede ser otra que la inmediata puesta en libertad de Majarenas. Porque la situación, con Izar fuera de peligro pero todavía hospitalizada, lo requiere y porque, simple y llanamente, tiene todo el derecho a tener a su madre en casa.