Los restos del general Sanjurjo fueron exhumados del Monumento a los Caídos de Iruñea en noviembre pasado y, según se ha sabido ahora, enterrados este marzo en el Pabellón de los Héroes de los Regulares del cementerio de Melilla, con la presencia de autoridades militares. Una nota del jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra confirmó ayer la participación de la máxima autoridad militar de Melilla en la ceremonia. La inhumación de los restos de un golpista en un espacio perteneciente el Ejército y con una participación de ese nivel tiene a todas luces difícil encaje en los preceptos de la Ley de la Memoria Histórica que establece que se deberá eliminar cualquier tipo de exaltación individual o colectiva del levantamiento militar. Poco parece importarle a un Gobierno que alardea de Estado de Derecho, concepto un tanto peculiar puesto que las leyes solo las tienen que cumplir los demás, especialmente si son catalanes o vascos, mientras para el Gobierno la norma resulta siempre potestativa. El esperpento de Melilla es una prueba más de que en el Estado rige aún la lógica de los vencedores y vencidos y que la presentada como modélica transición española fue en realidad un intento de imponer el olvido.

Donde sí se cumplió la Ley Foral 33/2013 de reconocimiento a las víctimas del franquismo fue en Iruñea, donde, pasados ya 41 años de la muerte de Franco, el nuevo Ayuntamiento sacó esos restos de cabecillas del golpe militar enterrados en un punto emblemático de la ciudad para perpetuar así la humillación a sus miles de víctimas. Fue un paso valiente para cumplir la ley, terminar con la ofensa, poner en valor la dignidad y restituir la memoria de la matanza producida tras el golpe militar.

En estos días del 80 aniversario del bombardeo de Gernika, Melilla supone la enésima prueba de que el Estado español es incapaz de regenerarse, pero Iruñea sirve de inspiración para seguir trabajando en Euskal Herria para construir un país justo desde la verdad.