Como bien recuerda el informe realizado por el equipo del Instituto Vasco de Criminalogía liderado por Paco Etxeberria a instancias de Lakua, en los últimos años el Estado español ha sido ya condenado siete veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a su negativa a investigar torturas. Esa actitud ha sido el colofón de un sistema de ocultación casi blindado a cal y canto, dado que –siguiendo con el estudio– desde 1960 a la actualidad apenas ha habido 20 sentencias condenatorias firmes para un total acreditado de al menos 4.113 casos solo en la CAV (es decir, un tremendo 99,5% ha quedado impune). Y un nuevo hecho se suma ahora al intento de tapar las grietas por las que se cuela la verdad de la tortura: el Gobierno español ha recurrido al Constitucional para anular la ayuda concedida por el Gobierno navarro para un informe similar en Nafarroa. A las tinieblas de los calabozos y la oscuridad de los tribunales se les quiere sumar ahora la censura contra la actuación, no ya legítima sino imprescindible, de las instituciones.

Pero el Estado llega tarde en ese empeño por prolongar décadas de negocionismo. Y denota con su propia actitud que es consciente de ello. Como el propio Etxeberria ha apuntado en algunas entrevistas, quedan atrás ya los tiempos en que intentaba perseguir a quienes denunciaban la tortura. El silencio de los poderes españoles ante el informe de Lakua es igualmente revelador; si realmente todo fuera una mentira colosal, ¿a qué esperaban para desmentirla y combatirla Gobierno, Judicatura, medios de comunicación...? Hoy día, al Estado solo le queda ampararse tras la patraña de la verdad judicial: efectivamente, solo el 0,5% de las denuncias han acabado en condena, pero eso no demuestra que no se haya torturado, sino que torturar no se ha castigado. También con esta impugnación de la ayuda en Nafarroa, el Estado solo busca engañarse a sí mismo. Y en el camino, lo que hace es agravar su podredumbre moral y alargar el desprecio a miles de víctimas.