El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer al Estado español a indemnizar con 20.000 euros a Iñigo González Etayo, por no haber investigado de forma «exhaustiva y eficaz» su denuncia de torturas. Es la tercera condena de Estrasburgo por aquella redada de la Guardia Civil contra Ekin en 2011. Anteriormente, en 2015, dio la razón a Patxi Arratibel, que firmó su declaración policial con la palabra «Aztnugal», que significa «ayuda» en euskara, escrito al revés. Otro tanto en 2016, con Xabier Beortegi. Ya son once las sentencias del TEDH en las que se condena al Estado español por no investigar la tortura. En un caso, el de Igor Portu y Mattin Sarasola, determinó que los detenidos sufrieron malos tratos a manos del instituto armado.

Frente a lo que sostenían la Policía, los jueces, los políticos y los medios españoles, el fallo del Tribunal europeo vuelve a poner de manifiesto que en el Estado español lo que sí existía era un «manual de la tortura», y no uno para denunciarla. Además del uso de malos tratos en la incomunicación, incluía la organización del manto de complicidad, conformado por quienes negaban su existencia y quienes la amparaban. Entre quienes garantizaban la impunidad estaba el juez Fernando Grande Marlaska, que en esta sentencia ha sido señalado una vez más como cómplice. A pesar del escándalo, sigue siendo ministro del Interior. Porque ese manto de silencio perdura. Ayer no hubo peticiones de cese y apenas se levantaron voces para exigir al Estado que reconozca la vulneración de derechos humanos. Tampoco hubo peticiones para que se revisen las sentencias basadas en declaraciones arrancadas mediante torturas. El «manual de la tortura» continúa vigente.

Construir la paz y la convivencia exige verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. No se puede seguir tapando la tortura y ofreciendo impunidad a los torturadores. Construir la democracia requiere renunciar a seguir pisoteando derechos humanos.