Solo desde la desvergüenza cabe presentar como un asunto técnico la prohibición judicial de la ayuda dada por el Gobierno de Nafarroa para la realización de un informe sobre la tortura en el herrialde. La Abogacía del Estado llevó esa partida a los tribunales asegurando que era efecto de la ley sobre la violencia estatal aprobada por el Parlamento en 2015 y anulada por el Tribunal Constitucional, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa le ha dado la razón. Ello crea una contradicción evidente respecto a lo ocurrido en la CAV, donde ese estudio sí ha sido posible y ha deparado unos resultados escalofriantes (4.113 casos delimitados en un primer análisis). Pero esto también es lo de menos.

Hay que cambiar de plano para situar en su gravedad exacta esta prohibición. Aquí no hay un debate legal ni un conflicto en un territorio concreto. Aquí hay dos poderes, el ejecutivo (estatal) y el judicial, que en vez de cumplir su función de impedir vulneraciones de derechos humanos tan graves como la tortura, y sin conformarse siquiera con hacer la vista gorda, lo que prohíben es su investigación. Lo hacen parapetados tras el argumento de que las denuncias de tortura deben resolverlas en todo caso los tribunales y no por comisiones de expertos... como si esa justificación no hubiera sido desnudada por el Tribunal Europeo que, en una decena de casos ya, ha condenado al Estado español por no investigar los relatos de detenidos vascos.

No engañan a nadie, pero sí consiguen crear otro marco en el que disimular su responsabilidad. Y, sin embargo, lo cierto es que decisiones como esta sitúan al Gobierno español que lo plantea y al Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa que lo acepta en la condición de negacionistas, cuando no de encubridores. El delito no puede ser nunca investigar la tortura (si no ha existido, por cierto, ¿por qué temen que se estudie?). No, lo que tiene delito a estas alturas es perseverar en tratar de negarla, y mayor aún si quienes lo perpetran son gobernantes y jueces.