Estos días se celebra el 50 aniversario de la histórica reunión celebrada en Arantzazu en la que se decidió unificar normativamente el euskara a fin de afrontar el desafío de convertirlo en la lengua de una sociedad moderna. La resolución respondía a un reto ineludible para el futuro de la lengua y del país: normalizar el uso del euskara. Las ikastolas, las editoriales o los medios de comunicación no podían desarrollarse y florecer sin una base lingüística homologada. Y la decisión tomada entonces resultó clave para la supervivencia de nuestra lengua. Hoy en día resulta poco menos que inimaginable la situación anterior al euskara batua.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado hace ya medio siglo para unificar el euskara tuvo algunas características que trascienden el aspecto estrictamente lingüístico, tal y como ha quedado reflejado en la serie de reportajes publicados por GARA estos días. Por un lado, la determinación de promover el batua fue en realidad un acuerdo de país en el que se implicaron diferentes familias políticas que en esta cuestión dieron muestras de una visión estratégica por encima de sus intereses coyunturales y particulares. Una visión que apostaba por hacer país y por construir un futuro común. Por otro, fue, además, un pacto que en lo simbólico trascendió las mugas impuestas y dibujó a Euskal Herria en toda su amplitud. Tuvo un primer impulso en la reunión celebrada en Baiona en 1964 y culminaría en la de Arantzazu, cuatro años más tarde.

Del alcance de lo decidido entonces da medida el hecho de que Jaime Ignacio del Burgo dedicara a la cuestión un artículo, “El invento del batua”, recientemente en ‘‘Diario de Navarra’’. En él carga contra el batua a la vez que lo hace contra las bases del nuevo estatus de la CAV. Si se prescinde de sus boutades, el ariete del PP vasco y todos los suyos sí tienen razón en el fondo: cualquier sinergia vasca en clave de país es una pésima noticia para quienes no aceptan ni a Euskal Herria, ni sus derechos, ni su lengua.