La eutanasia es actualmente legal en Países Bajos, Bélgica, Suecia o Suiza. Otros países están legislando, con diferentes formas y matices, para permitir que las personas con enfermedades terminales y mentalmente competentes puedan decidir sobre su muerte asistida. El Tribunal Constitucional alemán acaba de avalar el derecho a la eutanasia activa y ha reconocido la existencia de un derecho individual a determinar la forma y el momento de la muerte, incluyendo la ayuda de terceros. Portugal acaba de aprobar la ley de eutanasia y todo indica que el proceso legislativo para legalizar la práctica en las Cortes de Madrid esta vez va en serio y tiene visos de materializarse. Son datos que indican que la opinión pública se está moviendo favorablemente en Europa, demostrando que es posible regular antes que prohibir.

La eutanasia no es una decisión clínica más, pero tampoco es, ni mucho menos, una muerte a demanda, como dicen sus críticos. Si una sociedad quiere ofrecerse a sí misma esa decisión solemne, debe también construir las salvaguardas legales que no solo solucionen las injusticias de la situación actual, sino que también protejan al vulnerable, al débil y a todos aquellos, incluidos doctores y enfermeras, que participan en esta compleja situación. Se trata, en definitiva, de ir trabajando en una legislación que facilite la libre elección del momento y la manera de morir de esas personas y de no criminalizar a quienes acompañan a los que han tomado racionalmente la decisión de terminar con su vida.

Las noticias de las últimas semanas indican que se está caminando de forma inexorable en la buena dirección. Permitir que los enfermos terminales con grandes sufrimientos puedan poner fin a sus vidas de una manera digna es la única salida humana, racional y compasiva a estas situaciones dolorosas. Es reconocer y proteger un derecho básico y supone una inversión en la construcción de una sociedad mejor y más justa.