La Diputación de Gipuzkoa tiene prisa para construir la incineradora en Zubieta. Relanzará dicho proyecto «cuanto antes» y se llevará a cabo «a contrarreloj». El objetivo del gobierno foral presidido por Markel Olano es licitar la obra en primavera y que los trabajos concluyan para 2019, paradójicamente un año antes del límite que el Parlamento Europeo, con el voto del PNV, puso para eliminar la incineración de residuos susceptibles de reciclaje. Está claro que no es la «vocación europea» lo que anima y apremia a la Diputación. Más real parece el temor a una nueva legislatura en la que otros gestores, dado el caso, vuelvan a paralizar el proyecto, como ocurrió en la pasada, a pesar de que los gestores jeltzales intentaron hacerlo irreversible –en vísperas de las elecciones y sin informar a los órganos competentes– por medio del contrato de un «swap», producto especulativo que generó pérdidas patrimoniales millonarias.     

Las dificultades para materializar el proyecto de incineración, como la amplia y persistente oposición ciudadana o la situación legal del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa –que implica graves problemas presupuestarios en una delicada situación económica– no son óbice para la insistencia y premura en una apuesta de la que sus partidarios han hecho bandera. Dificultades que no son achacables al anterior gobierno foral, de Bildu, sino a la propia gestión pro incineración. Pero no son las únicas, ya que otra dificultad, esta sí atribuible a los anteriores gestores, es la reducción en una cuarta parte de la fracción resto prevista, lo cual, amén de un claro avance en la gestión y tratamiento de residuos en la dirección de la cada vez más exigente legislación europea, supone una demostración de que el reciclaje no es compatible con la incineración.

Contrastan esas prisas con la «cautela» mostrada a la hora de aprobar los presupuestos, por ejemplo, en materia social. Una cautela que se convierte en generosidad sin límites al servicio de la política de hechos consumados.