Una de las normas excepcionales del Gobierno francés tras la matanza del pasado viernes llama ciertamente la atención. El estado de emergencia permite entrar sin orden judicial en cualquier vivienda que se considere sospechosa, salvo las de parlamentarios, jueces, abogados y periodistas. Paradójicamente la respuesta securócrata hace sus salvedades, pero la «guerra» que proclama Hollande, y que practicaron sin duda quienes atacaron en nombre del ISIS, no incluye excepciones. No eran soldados quienes murieron en el Bataclan y los restaurantes de los distritos X y XI, ni lo serán muchos que estén pereciendo ahora mismo en Siria o el territorio del Estado Islámico.

Resulta inquietante la mezcla de inconsciencia e indiferencia con que, al menos en este primer momento, ha sido acogida la respuesta adoptada por el presidente francés, (radicalmente diferente, cabe recordar, a la que tomó su homólogo español frente a la masacre similar del 11-M en 2004). Habrá quien piense que al calor de la conmoción popular no cabía otra opción que la réplica más dura. Y quien crea, justo en sentido contrario, que «guerra» es solo una palabra; que al fin y al cabo París ya bombardeaba Siria antes del 13N, los ataques del viernes pueden quedar como un brote puntual y todavía cabe reconducir todo.

Pero, de momento, el hecho objetivo es que la guerra de Hollande atrapa, sin opción a opinión ni réplica, tanto al conjunto de la población francesa (también vasca), pillada en esa dinámica de acción-reacción, como al resto de sus aliados europeos, instados por el artículo 47-2 de los tratados a darle asistencia militar. Efectivamente las primeras encuestas en el Estado francés dan amplio apoyo a esta respuesta y los socios comunitarios también afirman ser conscientes de su responsabilidad, pero todo recuerda demasiado a la espiral que llevó a la catástrofe, tan jaleada al inicio como lamentada después. Y habría que empezar por plantearse quién, cómo y cuándo puede decidir declarar una guerra en la que los muertos serán siempre los otros.