La Pau: hora de extraer lecciones y abrir debates

A través de un comunicado, el Gobierno de Lakua informó ayer de que la empresa Grup La Pau dejará de operar en Araba y Bizkaia, donde el deterioro del servicio en los últimos años era un clamor. Tanto que acumulaba 55 actas de inspección de Trabajo por diferentes incumplimientos solo en materia laboral. La decisión, que se calificó de amistosa, se dio a conocer a última hora tras una reunión con los responsables de la empresa. Queda por concretar, sin embargo, los términos de este acuerdo. ¿Qué ocurre con las abultadas sanciones que la adjudicataria ha ido acumulando? ¿Y con lo adeudado a los y las trabajadoras?

La noticia, en cualquier caso, es positiva, porque la situación era insostenible, tanto para pacientes como para profesionales. La medida se enmarca en la serie de rectificaciones que el nuevo equipo al frente de Salud está llevando a cabo y cabe saludarla como tal. Aunque las denuncias sindicales tienen más de tres años, durante todo este tiempo se ha negado el problema y se ha dejado que se pudra, llegando a extremos como los denunciados este verano por numerosos trabajadores: pagas extra adeudadas, descuelgues de convenios, recortes en los servicios, incumplimiento del contrato firmado con Lakua, etc. Esto debería ser intolerable en cualquier sector, pero más si cabe en un ámbito sanitario, el de las emergencias, en el que la calidad de un servicio puede, literalmente, marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Para el futuro solo cabe esperar y exigir que se aprenda la lección. Es legítimo preguntarse, por ejemplo, por qué el de las ambulancias no es un servicio plenamente integrado en Osakidetza. A la vista queda que privatizarlo no ha garantizado una mejor prestación. La reflexión sobre el futuro de la sanidad pública no puede abstraerse de este debate. Y si insisten en sacar a concurso las ambulancias, deben blindarse herramientas para garantizar el cumplimiento del contrato por parte de la empresa. No puede ser, como ha ocurrido con La Pau, que una firma siga ganando concursos públicos cuando ya pesan sobre ella evidencias de una gestión nefasta.

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