La política de vivienda avanza muy despacio

El BOE publicó ayer la declaración del municipio de Errenteria como zona tensionada, la primera de Euskal Herria. El Ayuntamiento podrá implementar algunas medidas contempladas en la Ley de Vivienda, como limitar la renta en la renovación de contratos o su prórroga en las mismas condiciones durante tres años, pero no otras, como las relativas a los precios máximos en los nuevos contratos. El motivo, que el Ministerio no ha publicado todavía el índice de precios de referencia. Una situación que la alcaldesa, Aizpea Otaegi, calificó de «incomprensible».

Como suele ser habitual en estos casos, la denuncia de Otaegi fue inmediatamente respondida por la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, quien dijo que se mandó la documentación después de que el pasado noviembre la reclamara el Ministerio. De la respuesta se puede deducir que la Diputación no hizo nada hasta que se lo pidieron, a pesar de que el reglamento para el cálculo de ese índice se aprobó en febrero, diez meses antes. Eso sí, Mendoza aprovechó para reivindicar las desgravaciones fiscales a la vivienda que pretenden aprobar en Juntas Generales como su aportación a la problemática del alojamiento. Y de un golpe dio una perspectiva completa de su política de vivienda: desidia a la hora de poner medios para que se apliquen las normas ya aprobadas, pero máxima diligencia para sacar adelante desgravaciones fiscales que a menudo son subvenciones encubiertas a los propietarios, ya que las integran en el cálculo de los alquileres, de ahí que tras su aprobación en vez de bajar, suelan subir. En todas partes, la derecha suele ser partidaria de evitar la intervención para frenar la especulación; en su lugar, prefiere subvencionar a los propietarios para que se comporten.

En este contexto en el que la política para frenar la especulación inmobiliaria avanza muy lentamente, la presión social se vuelve más importante, si cabe, para garantizar el derecho a la vivienda. Las denuncias de Stop Desahucios –ayer a las maniobras del PP– o la decisión del sindicato LAB de implicarse en combatir la emergencia residencial suponen impulso renovado para terminar con el actual estancamiento.

Buscar