Donald Trump firmó anteayer el decreto por el que establece nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Rodeado de trabajadores de ambos sectores cumple una de las promesas electorales que más debate ha provocado. La medida afecta a todos los países excepto a Canada y Mexico, estados con los que está negociando una revisión del tratado libre comercio. Aduce razones de seguridad nacional para proteger la industria y los empleos estadounidenses; un argumento nuevo para la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Fuera de Estados Unidos las críticas han sido unánimes, pero mientras algunos países latinoamericanos y algunas voces de la UE buscan alcanzar un acuerdo para evitar que se apliquen los aranceles a sus productos, otros –como los países asiáticos– plantean emprender acciones ante la OMC por violar sus normas. Y todos amenazan con aplicar aranceles a determinados productos norteamericanos, lo que podría derivar en una espiral de medidas de corte proteccionista que terminaría –algo en lo que todos coinciden– por perjudicar al crecimiento mundial y al empleo. Esta unánime previsión negativa de una guerra comercial no es óbice para que ningún país descarte la imposición de nuevos aranceles, en una lógica desconcertante en la que se prefiere que todos los sectores económicos resulten perjudicados por la escalada arancelaria a circunscribir el problema a unos sectores concretos.

Una vez más, detrás de estas medidas se halla el intento de frenar el poderío económico chino y unos crecientes excedentes en la producción de acero mundial. El año pasado fue la UE la que impuso sanciones a China para defender el acero europeo en una maniobra que fue aplaudida por todos sin excepción. Entonces no importaba el libre comercio porque se defendía la producción europea. Al final va a resultar cierto aquel adagio que definió el libre comercio como un proceso de sabotaje mutuo.