La Audiencia Nacional dio a conocer ayer la sentencia del sumario 13/13. El tribunal condena a Arantza Zulueta a 7 años y medio de cárcel y a entre 3 y 4 años de prisión a los también abogados Jon Enparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi, absolviendo a los otros tres acusados en este último macrosumario político: Julen Zelarain, Saioa Agirre y Nerea Redondo. Un juicio y una sentencia que vuelven a dejar claro que más de 10 años después de que ETA dejara las armas, en Madrid nada ha cambiado; se sigue abordando el conflicto desde parámetros estrictamente judiciales y policiales.

La sentencia condenatoria trata de justificar el castigo, no en las pruebas presentadas, sino en el descrédito de los argumentos que utilizó la defensa en el transcurso del juicio. Así, niega credibilidad a los estremecedores testimonios de torturas de algunas de las acusadas, que fueron refrendados por informes periciales, escudándose en que los forenses no apreciaron violencia. Asimismo, descarta todas las alegaciones de la defensa en relación con las irregularidades que se pusieron de manifiesto, y minimiza el activo papel que desempeñó el CNI en la investigación que, además, ni siquiera presentó la documentación relativa al caso ni testificó en el proceso. Una decisión que evidentemente limitó el ejercicio del derecho a la defensa de los acusados. Esa falta al tribunal no le parece sustancial, pero, sin embargo, resulta muy esclarecedora del carácter eminentemente político del macroproceso y del juicio.

No ha habido ningún interés en esclarecer la verdad y, mucho menos, en hacer una aportación constructiva a la superación del conflicto. Tampoco se han dado pasos hacia la justicia restaurativa con intención de contribuir a fortalecer la convivencia. Ha sido un macroproceso cuyo único sentido ha sido castigar a la disidencia política. Una actitud que resulta incomprensible en la sociedad vasca, que sigue avanzando en la convivencia y que reclama ya la libertad de todos los presos políticos.