Eusebio Iparragirre, padre de Ibon, murió ayer mientras recibía, al fin, la visita de su hijo preso. Muchos han sido los represaliados que han pasado por ese trance y que desde la cárcel –no digamos ya el exilio– no han podido llegar a despedirse de sus seres más queridos. Algunas veces la causa ha sido que los permisos se negaban; otras, que llegaban demasiado tarde, a veces incluso tras el fallecimiento del familiar; y hay también quien con el aval en la mano se ha perdido en los vericuetos de un traslado infinito por las cárceles de la dispersión. No es una cuestión casual ni puntual, sino el resultado de obstáculos dispuestos para entorpecer en cualquier circunstancia las relaciones de los presos vascos con su entorno. Y un signo extremo de la inhumanidad que marca la política carcelaria del Estado español.

Pero Ibon Iparragirre, en realidad, debió poder acompañar a Eusebio no en sus últimos minutos, sino en toda la recta final de su vida. Es uno de los más de 20 prisioneros que están aquejados de graves enfermedades y deberían estar en libertad. No solo continúan en prisión, a pesar del amplio respaldo social con el que cuentan dicha demanda, sino que, por si quedaba alguna duda del carácter excepcional de la política penitenciaria, Instituciones Penitenciarias ha instado por escrito a no excarcelarlos hasta que estén en riesgo de muerte a muy corto plazo.

En “La Divina Comedia” el dintel de la puerta del infierno conminaba a los que entraban a que perdieran toda esperanza, y el Gobierno español lo hace suyo, consciente de que retratarse como un verdugo sin humanidad es su papel en la farsa representación de que aún existe una guerra abierta. Tan metido está en ello que incluso situaciones absolutamente excepcionales como la de Sara Majarenas y su hija Izar le resultan tremendamente complejas. Al final se ha impuesto la cordura y siguen juntas, precisamente gracias a una movilización que demuestra que la sociedad vasca, contra lo que busca Madrid, no pierde la esperanza.