Hasta el viernes a la noche, cuando anunciaron que las poblaciones de Zaldibar, Ermua y Eibar habían pasado una semana respirando dioxinas y furano en cantidades 50 veces superiores a lo normal, parecía que PNV y PSE estaban reconduciendo la mayor crisis de credibilidad que ha tenido el Ejecutivo Urkullu. Les habían dado a sus votantes más fieles una vía de salida, reproduciendo esquemas del pasado con el debate de los residuos como escenario reconocible. Habían sido torpes, pero remontaban gracias al sistema de propaganda institucional que dominan. Hasta Iñigo Urkullu, poco dado a rectificar, había cedido a la presión social y había acudido a Zaldibar, entre otras cosas para reunirse con las familias de los dos trabajadores desaparecidos, aunque estas sigan sin encontrar ni el liderazgo institucional ni el consuelo humano que necesitan.

El anuncio del viernes a la noche dinamitó la idea de que el Gobierno de Gasteiz había entendido el mensaje de la sociedad y había asumido su responsabilidad. Habían mantenido en riesgo la salud de cerca de 50.000 personas. No es que no les habían advertido de ese riesgo, es que lo habían negado. Lakua había estado toda la semana mandando mensajes diciendo que la calidad del aire era perfectamente normal, afirmando que todo iba bien, en el mejor de los casos sin saberlo a ciencia cierta y en el peor de los casos con suficientes indicios como para pensar que no era verdad. Su portavoz, Josu Erkoreka, repitió esta falsedad mientras acusaba de alarmismo y «carroñerismo» (sic) a quienes dudaban de las consecuencias ambientales de los materiales tóxicos y del incendio del vertedero. Incluso sacaron a pasear a ETA, como suele hacer el PP cuando no le gusta algo.

«Si hubiéramos pensado encontrar este nivel de dioxinas obviamente hubiéramos tomado medidas», decía ayer el viceconsejero de Salud del Gobierno de Lakua, Iñaki Berraondo. Lo cierto es que ya habían recomendado que no se tomara agua del grifo en el entorno del vertedero y habían prohibido la venta de productos agrícolas de la zona. Se saltaron el principio de precaución por intereses políticos, por sostener un relato.

Otra disposición, pero el mismo relato falso

El martes que viene el lehendakari comparecerá ante la Diputación Permanente para explicar su gestión en Zaldibar. Le acompañarán los consejeros de Medio Ambiente, Iñaki Arriola; de Trabajo, María Jesús San José; y de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. Las mediciones de toxinas que afectan a la salud pública hacen pensar que sería pertinente que compareciese la consejera de Salud, Nekane Murga. Claro que, tras la dimisión de Darpón, esto puede ser anatema para el Ejecutivo.

Un indicador de la importancia que Lakua ha otorgado a la crisis del vertedero, después de una cadena de errores incomprensible, es que han nombrado a Txus Peña coordinador de la mesa de seguimiento. Peña es el secretario general de Presidencia, encargado de dar «apoyo preciso para dirigir y coordinar la acción del gobierno, además de supervisar todas las áreas de actuación de Lehendakaritza». Hombre de confianza de Urkullu, lo fue de Juan José Ibarretxe, y antes lo había sido de José Antonio Ardanza.

Peña conoce bien a los responsables de este caso porque le toca ejercer de coordinador entre departamentos y partidos de la coalición PNV-PSE, uno de los puntos críticos de esta crisis. Además conoce bien la Diputación de Bizkaia, otro de los agentes que ha perdido protagonismo según los problemas se han enfocado en las cuestiones medioambientales, pero cuya responsabilidad en infraestructuras es central.

Para tener semejante recorrido institucional y tanta influencia política, Peña es un desconocido para la mayoría de la sociedad. Que rompa esa discreción para ejercer de portavoz en esta crisis muestra que van a intentar revertir la percepción social sobre Zaldibar.

Si bien es cierto que bajo su coordinación se han ordenado los pasos a dar y se han explicado las cosas mejor, sigue sosteniendo el relato de que todo ha sido un accidente en una empresa privada, que se ha gestionado bien por parte de la administración y que todo está bajo control. Esto no casa con los datos que sacamos a diario en prensa, con los testimonios de las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, con la vivencia de los vecinos ni con la percepción de los miles de automovilistas que pasan por Zaldibar a diario. Una vez más, el relato oficial es falso, siempre que no se mire para otro lado.