La respuesta que Iñigo Urkullu dio al anuncio de que los presos vascos con enfermedades graves y los mayores de 70 años van a comenzar a tramitar la solicitud de repatriación llamó la atención por la dureza de su tono. Y es que más allá de la incalificable vinculación de este nuevo paso con las elecciones europeas, el lehendakari adelantó por la derecha al ministro del Interior al exigir a los prisioneros un «arrepentimiento o reconocimiento» del «injusto daño y el dolor causado» como condición previa a su demanda.

Al mandatario autonómico le costará explicar cuál es el dolor injusto causado por aquellos prisioneros que cuentan en su haber, como único delito, haber formado parte del consejo de administración de un periódico, por ejemplo, pero al margen de este hecho, y de que el propio Colectivo de Presos Políticos Vascos se ha expresado con claridad sobre esta materia hace bien poco, las declaraciones de Urkullu son un paso atrás en la postura de Lakua y del PNV en materia penitenciaria. En los últimos quince años casi todas las instituciones vascas han aprobado pronunciamientos en favor del traslado de los presos y presas vascas a Euskal Herria, una petición que ha contado con la adhesión de la formación jeltzale, y en este país existe la convicción social mayoritaria de que la repatriación es un derecho que asiste a los represaliados. De hecho, la legislación ordinaria no exige ni arrepentimientos ni perdones para ello, y es la excepcionalidad que prima en este caso la que impide que el traslado se lleve a efecto.

Esto es algo que sabe el lehendakari quien, a pesar de ello, vuelve a optar por hacer el caldo gordo a Madrid y meter presión a los presos. De esta forma, lo único que consigue es causar un mayor dolor a quienes piden que sus seres queridos no tengan que recorrer cientos de kilómetros para estar con ellos unos minutos; con su actitud, solo logra hacer más daño a quienes sufren porque sus familiares enfermos se encuentran lejos y desasistidos. Reconocerá Urkullu que eso no es justo.