La semana que viene, si todo sigue el curso normal, Pedro Sánchez volverá a ser investido presidente español. Con matices y mandatos democráticos particulares, en base a los acuerdos negociados, 179 diputados de siete fuerzas políticas votarán para que así sea. El acuerdo no era fácil, y sin embargo no hay alternativa viable.

La amnistía para las personas encausadas por el proceso democrático catalán y el reconocimiento de las naciones sin estado, junto con el programa socialdemócrata de la coalición PSOE-Sumar, han sido y serán los pilares de la negociación. Se ha abierto una nueva fase política en el Estado, forzada por una aritmética electoral compleja, gracias a un mandato inapelable y a la perspicacia de unos dirigentes para articular esa voluntad democrática antitotalitaria.

Enfrente tendrán una derecha española que no acepta la parte más básica de la democracia: el juego de mayorías y minorías. Su discurso protogolpista, mezcla de nacional-catolicismo, falangismo y neoliberalismo, es peligroso porque controlan estructuras claves del Estado. Mucho más que las algaradas y las movilizaciones de estos días –la derecha no tiene vocación de contrapoder–, las maniobras policiales y judiciales muestran su capacidad de distorsionar el Estado de Derecho. Es mucho más peligroso un juez ultra y militante en la Audiencia Nacional que unos miles de incontrolados con bengalas en Cibeles.

Un pulso democrático débil pero innegable

En una entrevista a “La Vanguardia”, José Luis Rodríguez Zapatero defendía la amnistía y «el principio de mínima intervención del derecho penal», especialmente cuando las causas son políticas. Contrasta con el espíritu del grito «¡Puigdemont, a prisión!», sonsonete de quienes se oponen a los pactos, desde Santiago Abascal hasta Felipe González. Madrid lleva décadas instalado en la opresión como forma natural de la política aplicada a la disidencia y a la periferia. La ciudadanía vasca puede certificar que no le tiembla el pulso para ilegalizar ideas, menospreciar culturas, eliminar interlocutores, maltratar personas…

Eso no va a cambiar por vocación, pero puede alterarse por intereses. Sánchez no tiene el latido estratégico de Zapatero, pero le supera en voluntad de poder. Hasta ahora, con la estrategia tradicional de negacionismo y represión han logrado retrasar procesos democráticos, pero así la voluntad soberanista y emancipadora de amplias capas de la población en Euskal Herria y en Catalunya se reproduce.

Que nadie se engañe, de igual modo que los independentistas no se rinden, los unionistas no renuncian a su ventaja ni a su poder. Que este no sea tan bruto es un avance, pero no significa que vayan a respetar la voluntad democrática de las ciudadanías. Eso solo se puede lograr con la lucha política.
La partida vasca no se juega en Madrid

Los pactos se van a dilatar e incumplir, y habrá que gestionarlo. El Estado español no cumple su palabra. Lo sabe el PNV que sigue negociando el Estatuto de Gernika y lo sabe la izquierda abertzale que ha visto postergada la hoja de ruta acordada en el contexto de Aiete. La vía «unilateral» tiene límites evidentes, como se ha comprobado en Catalunya. El statu quo tiene más fácil imponerse. Para sobrepasarlo, hacen falta talento, perseverancia y compromiso. Y algo de azar, como se ha visto ahora.

En la sociedad vasca, el principio rector de «todos los derechos para todas las personas» puede ayudar a decantar mayorías, lograr acuerdos y sostener la confrontación democrática en los desacuerdos. Habrá que tomar decisiones estratégicas, definir plazos y fórmulas. En todo caso, habrá que diseñar alternativas imaginativas y rupturistas para que la ciudadanía vasca ejerza su voluntad democrática libremente.