Las inmatriculaciones de la Iglesia, un escándalo de proporciones bíblicas

La publicación del listado de los miles de bienes que la Iglesia inmatriculó en el Estado español entre 1998 y 2015 ha mostrado la punta del iceberg de un escándalo que los diferentes gobiernos españoles han propiciado o esquivado, buscando las complicadas y costosas reclamaciones particulares, aunque en su mano está reparar un «robo» de proporciones bíblicas.

El pasado 16 de febrero, el Gobierno de Pedro Sánchez hacía público el listado de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en el Estado español entre los años 1998 y 2015, y que, de acuerdo con el mismo, ascienden a 34.961, aunque los cálculos de los colectivos que fomentan la recuperación de ese patrimonio elevan la cifra total hasta las 100.000.

Ese listado se hacía público tres años después de que el Colegio de Registradores lo remitiera al Ejecutivo en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados que presentó el PSOE en abril de 2017, estando en la oposición, y por la que se instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a preparar esa relación de bienes inmatriculados.

Curiosamente, una vez en su poder, el PSOE se ha resistido a hacerlo público hasta el punto de que en noviembre de 2019, el Ministerio español de Justicia llevó a los tribunales una resolución del Consejo de Transparencia que le instaba a divulgar esa relación.

Tres meses después, finalmente, la lista de inmatriculaciones se hacía pública. Era tan solo una parte de todos los bienes que se ha apropiado la Iglesia, ya que recoge únicamente los inmatriculados desde 1998, fecha en la que el Gobierno del PP de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria. Un cambio en virtud del cual la Iglesia podía inscribir los templos sin necesidad de demostrar su propiedad, algo que no contemplaba un reglamento franquista de 1946, que permitía a los obispos inscribir en el registro de la propiedad los bienes que quisiera únicamente en virtud de su palabra con esa excepción.

Esa circunstancia explica que buena parte de los bienes que figuran en la relación hecha pública ahora sean los templos en su acepción más amplia, como catedrales, basílicas, iglesias y ermitas. Aunque no faltan otro tipo de propiedades, como casas parroquiales, viviendas, almacenes, bordas, garajes, solares, corrales, fincas de labor, terrenos dedicados a pasto, prados, huertos de regadío, sotos, alamedas, tierras de labor de secano, bojedales, viñas, olivares, pinares, helechales o castañales. Incluso aparecen templos desacralizados, cementerios, frontones, torres y hasta un cubierto para la trilladora.

En el caso concreto de Hego Euskal Herria, el total de bienes inmatriculados que figura en el listado asciende a 1.140, con Nafarroa llevándose la palma al contabilizar la inmensa mayoría, 1.034, de los que 887 son templos y dependencias complementarias entre los que figuran lugares de culto de la relevancia de las catedrales de Iruñea y Tutera, y las principales iglesias de la capital, incluyendo la emblemática San Lorenzo. En la CAV, aparecen 106, que corresponden a 50 en Araba, 15 en Gipuzkoa y 41 en Bizkaia. En este caso, los templos y dependencias complementarias inmatriculados son 26.

Vista del Santuario de Estibaliz en Gasteiz. Fotografía: Jaizki Fontaneda | Foku

Sin embargo, el total de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en suelo vasco serían muchas más. Unos listados previos ya calculaban que la Iglesia se habría apropiado en Hego Euskal Herria de 1.592 bienes. Teniendo en cuenta que Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa totalizan 523 municipios, la media ya era de 3,04 inmatriculaciones por localidad.

En virtud de esos primeros listados, en Nafarroa se habían detectado 1.087 apropiaciones, según quedó de manifiesto en 2008, cuando una intervención del Parlamento navarro consiguió esa información solicitada al Gobierno de Nafarroa en tan solo dos meses y una semana. En el caso de Gipuzkoa, eran 368 apropiaciones, seguida de Araba con 69 y de Bizkaia con 64.

¿A qué se debería esa notable diferencia entre listados en el cómputo de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia? La explicación se encuentra en el sesgo que supone realizar el cálculo a partir de 1998, sin tener en cuenta las realizadas desde los años 40, como detalla Jose Mari Esparza, portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, colectivo que lleva 14 años denunciando lo que califica de «escándalo monumental».

Esparza recuerda que, en realidad, las inmatriculaciones se han venido realizando desde 1946 y «muchas tienen doble y triple inmatriculación, de tal manera que puede ser una iglesia, con una huerta y un cementerio adyacentes. Por eso decimos que los bienes son bastantes más». De hecho, los cálculos de la plataforma elevan la apropiación solo en Nafarroa a 2.400 bienes.

Hasta 1998, la Iglesia ha inmatriculado bienes de todo tipo, destacando el caso de las casas parroquiales. «En muchos pueblos había casa parroquial, como ha habido casa del maestro o del médico, y que ponían los ayuntamientos. Cuando se iban los maestros, las dejaban y, sin embargo, los curas cogieron esas casas, llamadas apezetxeas, y las inmatricularon a pesar de que eran de los ayuntamientos», recuerda el portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.

Para apropiarse de ellas, «se aprovecharon de que no estaban inmatriculadas, pero como tampoco lo están los propios edificios de los ayuntamientos, las casas consistoriales; ni las escuelas, porque todo el mundo sabe y es obvio que son bienes públicos».

Imágenes del obispo de Donostia, José Ignacio Munilla; el arzobispo de Iruñea, Francisco Pérez, y el obispo Setién. Fotografía: Jon Urbe, Jagoba Manterola y Andoni Canellada | Foku

La «trampa» de Setién. Como excepción a esas inmatriculaciones anteriores a 1998 solo quedaban los templos, ya que era algo que específicamente la Iglesia no podía hacer. «Pero el cambio legal realizado por Aznar en 1998 le permitió inmatricular lo que les faltaba». Sin embargo, en algunos lugares, se recurrió a una “trampa” para poder hacerlo con anterioridad por la puerta de atrás.

En este terreno, destaca el caso de Gipuzkoa, donde «desde el año 1978 se realizaron unas 500 inmatriculaciones». Esparza recuerda el papel desempeñado por «el obispo Setién. Como no podía apropiarse de los templos en sí, lo que hizo fue inmatricular el terreno en el que estaban, como, por ejemplo, una ermita ubicada en un monte: el monte es todo comunal, pero se inmatricula el espacio donde está ubicada la ermita. Una vez más, la Iglesia vasca fue vanguardia en este tema», ironiza y añade que, por ese motivo, «ahora aparecen muchas menos inmatriculaciones».

Dentro de la CAV, Gipuzkoa aparece muy distanciada respecto a Araba y Bizkaia en el número de apropiaciones, una desproporción «que pone en evidencia la arbitrariedad con la que se actuó; el que más se movía era el que más arramplaba».

Además era sencillo y barato, ya que con la palabra del obispo de turno y pagando entre 20 y 30 euros por la inmatriculación de cada propiedad, por ejemplo, «por el precio de una campana se han quedado con todo el patrimonio de Navarra», compara contundente el portavoz de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio navarro.

Camino a la ermita de Nuestra Señora de Muskilda de Otsagabia. Fotografía: Getty

¿Y ahora qué? Con la publicación del listado de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia desde 1998, se anunció a bombo y platillo desde el Gobierno español que se abría la posibilidad de reclamar los bienes que figuraban en él. Sin embargo, no resulta tan sencillo e incluso «es un absurdo», proclama Esparza.

Buen conocedor de los pasos que se deben dar para reclamar, recuerda que emprender la vía judicial supone «aportación de la prueba, asumir los costos del proceso judicial, ir a primera instancia, a segunda, al Supremo, al Constitucional y a Europa. Es una locura, aunque en algunos casos se llegue a ganar, como en el de la ermita de Muskilda de Otsagabia».

El proceso es largo y costoso, por lo que «aunque haya quien demanda, miles y miles de bienes se van a quedar sin reclamar, porque son de pueblos pequeños. Perfectamente se da el caso de un pueblo que tiene una joya románica de un valor incalculable, pero donde viven cincuenta vecinos. ¿Cómo va a reclamarla?».

Sobre la vía judicial, recuerda que «ya existe una sentencia europea al respecto». Se refiere al varapalo judicial que se llevó el Gobierno español en 2014, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dio la razón a una empresa que tenía un contencioso con la Iglesia y cuya demanda había sido rechazada por el Supremo y el Constitucional.

Esa empresa había comprado en 1978 una finca en Palencia en la que se encontraban enclavadas una iglesia y varios edificios que habían formado parte de un monasterio, y que figuraban expresamente en el registro de la adquisición que había realizado.

A pesar de ello, en 1994, el obispo de Palencia inmatriculó esos inmuebles acogiéndose a la ley hipotecaria de 1946, por la que la Iglesia podía actuar como registrador público de bienes eclesiásticos que no estuvieran a nombre de nadie. Aunque esos bienes sí habían sido registrados por la empresa, que recurrió esa inmatriculación, los diferentes tribunales españoles la dieron por buena.

Algunos de los bienes y lugares inmatriculados por la Iglesia: iglesia de San Martín de Ataun, catedral de Iruñea, iglesia de San Bartolomé de Amezketa, iglesia de Eunate y cementerio de Garisoain.Fotografía: Idoia Zabaleta, Iñigo Uriz y Juan Carlos Ruiz | Foku  

El caso terminó llegando a Estrasburgo, donde el citado tribunal europeo sentenció que el Estado español había violado la Convención de Derechos Humanos en relación a la igualdad de trato y al derecho a la propiedad, «y le condenaba a pagar 600.000 euros al perjudicado, en este caso a la empresa, pero la Iglesia se quedó con los bienes. Europa no entró más que a eso», explica Esparza.

Por lo tanto, incluso poniéndose en el escenario de que todos los bienes que aparecen en el listado fueran reclamados en los tribunales y todas las demandas terminaran en Europa, «si esta aplicase su propia jurisprudencia, nos podríamos encontrar con que dijera que el Gobierno tiene que pagar a los damnificados, de tal manera que la Iglesia se quedaría con todo y terminaría pagando el Estado con el dinero de todos. Es un absurdo».

Y, sobre todo, cuando las entidades que reclaman ese patrimonio expoliado por la Iglesia recuerdan que existe una solución más directa y mucho más efectiva. En 1978 se aprobó la Constitución, que «dice que las normas anteriores que contradigan la Carta Magna quedan derogadas por lo que se denomina inconstitucionalidad sobrevenida», apunta Esparza.

Por lo tanto, a partir de ese año, «no puede ser que los obispos mantengan el derecho de hacer de fedatarios públicos y poder inmatricular a su nombre lo que quieran sin aportar nada más que la palabra del obispo, como les otorgaba la ley franquista de 1946. Eso va contra la ley, que indica que para inmatricular un bien hace falta presentar documentación, testigos, darle publicidad y un montón de requisitos». Esta circunstancia supone que «todas las inmatriculaciones se podrían parar con la voluntad del Gobierno de declararlas nulas».

Fotografía del encuentro de Carmen Calvo con el papa Francisco. Vatican Media

Hacer algo así «no le quita ningún derecho a la Iglesia. Lo único que le dice es que tiene que volver a presentar la documentación de lo que considere que es suyo. Tiene todo el derecho del mundo a reclamar, pero en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, como indica la Constitución».

Teniendo en cuenta estas circunstancias, Esparza considera que la presión para solucionar la cuestión de las inmatriculaciones está «en el Gobierno, porque todo es un despropósito y debe arreglarlo. El propio PP ya se dio cuenta en su momento, ya que el mismo partido que aprobó la modificación del 98, en 2015 la quitó, porque todo el mundo le estaba diciendo que era un disparate y además se había producido la sentencia de Europa».

Por su parte, el PSOE, «que ha estado apoyando a las plataformas reivindicativas, tuvo su oportunidad con el recurso de inconstitucionalidad que hubiera supuesto la revisión de todas las inmatriculaciones hechas desde 1978. Ese era el momento de darle la vuelta a la situación, pero no hicieron nada y dejaron todo en un limbo legal. Dicen que ya no se puede inmatricular, ¿pero qué pasa con lo ya inmatriculado de forma ilegal? Entonces, señalan que era legal, porque se atenía a la ley vigente. Han publicado el listado diciendo que se abre el tema a reclamaciones particulares, pero advirtiendo de que las inmatriculaciones se hicieron con arreglo a la ley».

Un modo de proceder que desde la plataforma consideran que tiene que ver «con los acuerdos con el Vaticano». A primeros de octubre de 2019, la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, mantuvo un encuentro en Roma con el papa Francisco. En esa entrevista, trataron la cuestión de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, pero antes de la reunión, la propia Calvo «dijo que no se hablaría solo de eso, sino de otros temas, como las inmatriculaciones. Pero cuando regresó de Roma, señaló que se había arreglado lo del Valle de los Caídos y que el Vaticano no iba a poner ninguna objeción a la exhumación de Franco y, sin embargo, ya no dijo nada de las inmatriculaciones».

El frontón de la localidad navarra de Lizoain es otro de los bienes de los que se ha apropiado la Iglesia. Fotografía: Iñigo Uriz | Foku

La «ruina» de tener demasiadas propiedades. Y mientras, todo ese patrimonio que ha conseguido amasar la Iglesia puede terminar en la ruina o vendido, como ya sucedió en su momento con muchas casas parroquiales. Un último ejemplo sería el de una iglesia de Sopuerta del siglo XVI que estaba en mal estado, que fue adquirida por un particular y que tras ser rehabilitada, se encuentra a la venta por 1.600.000 euros.

El aluvión de inmatriculaciones ha provocado un peculiar talón de Aquiles a la Iglesia, que se ha apropiado de tantos bienes «que no sabe qué hacer con muchos de ellos. Las casas y los huertos, por ejemplo, ya los va vendiendo, pero ¿y los templos?», se plantea Esparza.

Después de que el Gobierno de Nafarroa se haya dejado cantidades millonarias en la restauración de templos inmatriculados como la catedral de Iruñea o la iglesia-fortaleza de Uxue, el Parlamento aprobó un acuerdo para que no se concedieran ayudas para arreglar las iglesias inmatriculadas, de tal manera que «la Iglesia no está arreglando nada».

Esa situación es la que puede hacer que, de alguna manera, terminen revertiendo a los propios pueblos. Sin el debido mantenimiento, los templos se van deteriorando, así que los ayuntamientos pueden empezar a presentar los correspondientes expedientes de ruina al propietario, que tiene la obligación de arreglarlos o, pasados quince días, afrontar las correspondientes multas administrativas.

Protesta de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Fotografía: Jagoba Manterola

«Solo en la Valdorba, todas las iglesias abandonadas se están cayendo. Si los ayuntamientos empiezan a poner multas a la Iglesia, se puede ver en un serio problema», señala el representante de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.

De hecho, algunos de los movimientos que ha realizado últimamente la Iglesia apuntan en la dirección de intentar eludirlo. Así sucede con la ermita de Nuestra Señora de los Remedios de la localidad navarra de Sesma, que está cerrada desde hace décadas y actualmente se encuentra en estado de ruina. El Arzobispado ya ha mostrado su disposición a cederla al Consistorio. Este podría ser el ejemplo de la forma en la que los pueblos lleguen a recuperar ese patrimonio.

Como se puede comprobar, la publicación del listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia es un episodio más en una lucha que continuará, ya que lo que se espera desde los colectivos en apoyo del patrimonio es «una solución colectiva», en lugar de los farragosos y costosos pleitos particulares. Pero al menos su publicación ha servido para mostrar, aunque sea en parte, las dimensiones de lo hecho por la Iglesia y que la denuncia pública que arrancó en Nafarroa hace más de una década «se ha extendido a todo el Estado», ya que se trata de «un robo de una magnitud colosal».