2021 MAI. 16 CONSUMO La garantía de los productos Berta Garcia La garantía obligatoria de los bienes que compramos pasará a durar tres años y los fabricantes deberán disponer de piezas de recambio, al menos, durante diez años». Esto es lo aprobado en el nuevo Real-Decreto Ley 7/2021, del pasado 27 de abril, y supone un importante avance para las personas consumidoras, y una apuesta por la sostenibilidad frente a una obsolescencia programada que cargaba al medio ambiente engullendo más de lo que podía soportar. La disposición, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, va un poco más allá porque le da al consumidor más tiempo para comprobar si el producto comprado es o no conforme a lo acordado. Es decir, que frente al plazo actual de seis meses del que disponemos tras la compra para reclamar o exigir la reparación, pasaremos a contar con dos años sin tener que presentar la carga de la prueba. ¡Cuánto mal rollo y dinero nos va a evitar! Y es que en el fondo la ley resultaba “una garantía a la carta para los fabricantes”, ya que pasados los seis meses había que demostrar nuestro buen uso y manejo del aparato, etc., aunque el mismo trajera defectos de fábrica o transporte. Datos personales. Otra novedad de la Ley es que por primera vez se extiende a la contratación de contenidos y servicios digitales que el consumidor obtiene no a cambio de dinero, sino a cambio de sus datos personales. Por ejemplo, aplicaciones, juegos digitales, libros electrónicos y programas informáticos, pero también redes sociales, servicios de mensajería digital, archivos de vídeo y de música (la garantía será de dos años). En el caso de los programas y apps, esta regulación excluye aquellos que funcionen con código abierto, o sea los que tienen un software de acceso libre. (Ver www.consumer.es/economia-domestica). Podemos concluir dando un aprobado alto al ministro del ramo ya que en un tiempo récord ha incorporado la Directiva Europea (UE) 2019/771, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, que debía trasponerse a nuestro ordenamiento antes del 1 de julio de 2021.