Cuenta contra la exclusión bancaria

El derecho a una cuenta bancaria de pago básica sin comisiones, para las personas en situación de vulnerabilidad, está reconocido y regulado a nivel estatal en el RDL 164/2019 de 22 de marzo. Este deviene del mandato de la Unión Europea con el objetivo de evitar la exclusión financiera y facilitar a todas las personas residentes en territorio comunitario una cuenta corriente, aunque no tuviesen apenas dinero o carecieran de domicilio fijo.

A partir de la nueva normativa, todas la entidades bancarias están obligadas a facilitar una cuenta básica a las personas que la soliciten. Y más con la que está cayendo, porque el número de personas vulnerables o en riesgo de exclusión se ha incrementado con la pandemia. Lo cierto es que por falta de información o conocimientos, muchas de ellas no gestionan (o no saben cómo gestionar) los mecanismos que les sirvan de paliativos ante sus necesidades.

Requisitos. Como es lógico hay una serie de requisitos que la entidad va a exigir cuando se solicite la apertura de la cuenta. El primero de ellos es los ingresos brutos anuales, cuyos parámetros varían según el número de personas que convivan en la llamada unidad familiar. Con los datos del pasado 2021 para el caso de un solo miembro el tope de ingresos estaba fijado en 13.557,60 euros anuales; una unidad familiar de menos de cuatro miembros no más de 16.947 euros anuales; y de más de cuatro miembros o bien de una unidad familiar grande o pequeña de la que algún miembro tenga un grado de discapacidad reconocido del 33% o más, no puedes ingresar más de tres veces el IPREM (en total, no más de 20.336,40 euros anuales en 2021)

Además, ninguno de los miembros de la unidad familiar puede ser propietario de un inmueble, salvo de la vivienda habitual, ni tampoco de una empresa o sociedad mercantil. Una vez aceptada la condición de vulnerabilidad, se procederá a la apertura de la cuenta gratuitamente durante dos años, que podrán prorrogarse otros dos de acuerdo al progreso o no de la situación.