La justicia vuelve a golpear a las víctimas del franquismo

El Gobierno central no solo no incluye las del franquismo en la memoria general de víctimas, por ejemplo, en el Centro Memorial recién inaugurado en Gasteiz, sino que intenta silenciarlas. Así lanzó, a poco de su promulgación en octubre 2013, un recurso contra el Decreto reformulado por el actual Gobierno Vasco, en favor de las Víctimas por Abusos Policiales de los 60 al 78, sector importante, aunque no único, de las víctimas del franquismo.

En la medida en que denuncia su metodología de trabajo como no fehaciente, entiendo que es un ataque a fondo, pues intenta dejar al proyecto sin las herramientas de trabajo necesarias para ser operativo en el rescate de la memoria de muertes y torturas de hace 30 o 40 años. Otra cosa es que la postura de las víctimas del franquismo no se arruga ni cejará Jaurlaritza en su defensa, cuando promete lanzar una segunda Ley en su favor. Esperemos que este integre el capítulo de la cárcel, que constituyó el principal método represivo de la dictadura.

Lo que resulta aún más grave es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya dado en abril la razón al recurso de la Abogacía del Estado, aunque no se haya atrevido a quitar a las familias las subvenciones, ni a prohibirles acudir a las aulas. ¿Por qué en lugar de achacar deficiencias al proyecto en las pruebas médicas requeridas, no se ha propuesto el TSJPV, por ejemplo, rescatar del olvido algunos casos e indagar, por ejemplo, a manos de quiénes fue torturado, envenenado y muerto el ciudadano bilbaíno Francisco Javier Núñez a la salida del Juzgado por interponer denuncia de golpes por la Policía Nacional? No había que ir lejos para buscar a los culpables, la Comisaría de Indautxu.

¿A qué espera el Fiscal Superior Juan Calparsoro para incoar indagatorias en torno a este hecho como otros que se dieron en Bizkaia en el sangriento mayo de 1977? ¿A que se lo pida por exhorto María Servini desde Buenos Aires? Goldatu, recientemente, ha trasladado 5 casos de estos a la querella argentina. Siguiendo con el Sr. fiscal, cabe hacerle otra observación por su escapatoria a la solicitud de la Plataforma Vasca, al requerirle intervenir en el cumplimiento de la retirada de la simbología franquista. Que Dios le guarde los sentidos de la vista y otros para comprobar si dicha retirada en Bizkaia está en marcha, como concluye generosamente.

Ni siquiera bajo una denominación tan eufemística como la de Víctimas de Abusos Policiales quieren saber en Madrid nada de las víctimas que hizo la sanguinaria maquinaria del régimen a manos de sus diversas fuerzas de represión, tan certeros en el uso de fuego real en sus actuaciones callejeras, (8 en una semana en Euskadi y 25 en el Estado entre 76-77), con absoluta impunidad ante los tribunales, por no hablar de las torturas habituales en sus cuarte- les o comisarías. ¿No debería la Fiscalía interesarse por estos casos abandonados al silencio y la impunidad, y mandar indagarlos?

A cuantas requisitorias le llegan al Gobierno español por parte de la querella argentina, de momento 19 imputados desde noviembre pasado, los tribunales de Rajoy responden con un corte de mangas que deja perplejos a los tribunales internacionales que defienden la justicia universal. No entiendo cómo no disponen estos de más instrumentos que la moral para sancionar burla tan flagrante.

Todas las instituciones políticas, desde ayuntamientos y diputaciones hasta el Parlamento Vasco, ídem en otras comunidades del Estado, se han pronunciado a favor de la querella argentina. Pero el Gobierno del PP se suena las narices con las repetidas rogatorias de esta y con las recomendaciones de instancias internaciones como la ONU, Amnistía, Estrasburgo, etc. Imputados como Martín Villa y Utrera Molina gozan de impunidad, aunque evitarán salir al extranjero por si acaso.

Son múltiples las querellas entregadas al Tribunal argentino, unas 70 vascas y más de 300 del Estado, que llevan años esperando la comunicación personal ante la juez. El sistema de videoconferencia desde el Consu- lado argentino de Madrid funcionó hace más de un año en una docena de casos. Ahora se ha querido reanudar con 6 casos, que no es mucho, pero tras varias dilaciones, ha sido imposible. ¿Qué mano se empeña en sabotear estos testimonios?

¿Por qué el TSJPV, si desea colaborar en favorecer la investigación de la verdad y hacer justicia, no interviene para que estos testimonios con la juez argentina pudieran realizarse desde la propia Comunidad Vasca, o bien, pudieran formalizarse en los juzgados vascos ante nuestros jueces? Ya sé que estoy pidiendo peras al olmo, porque la justicia aquí, pese al apellido vasco, es un brazo de los Tribunales de Madrid. Tanto le espanta al Gobierno central el que se abra la caja del terrorismo de estado… Su obsesión es imponer para la historia un relato cercenado del conflicto vasco, la de los vencedores.