Sanfermines-78: Tiempos de esperanza

Los autores, miembros de la iniciativa popular que se ha comprometido para mantener la llama de la reivindicación de verdad, justicia y reparación por los sucesos de Sanfermines de 1978, subrayan los movimientos que se han dado en torno a la querella argentina contra los crímenes del franquismo y califica de «normal» la presencia del alcalde de la ciudad en los actos de homenaje de este año, tras décadas de anómala ausencia.

Ha pasado poco más de un mes desde que se constituyeron los nuevos ayuntamientos tras las elecciones del 24 de mayo y en términos políticos ya se constatan pasos hacia adelante. Existe la sensación entre los sectores populares de que «ha llegado nuestra hora, la hora de recuperar el poder arrebatado por la élite del corralito foral». Intentaremos reflejar algunas de estas cuestiones donde se vislumbra el cambio en lo que atañe a los sucesos de los Sanfermines de 1978.

Acabamos de recibir la visita de Carlos Slepoy, abogado de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que ha sido recibido por el alcalde de Iruñea y por la presidenta del Parlamento Foral y ha mantenido reuniones con algunos grupos parlamentarios y formaciones políticas, recibiendo de todas ellas, de una u otra forma, apoyo a ese proceso judicial. Esto sería impensable con los anteriores mandatarios y mandatarias de nuestras instituciones.

El proceso que se sigue en un juzgado de Argentina contra los crímenes del franquismo, en el que participa nuestro grupo Sanfermines-78: Gogoan!, es muy importante porque ha obligado al Gobierno español a responder a las solicitudes de extradición de altos cargos y torturadores franquistas. Además, este proceso judicial ha subrayado que la impunidad que rige en el Estado español resulta escandalosa en el contexto internacional. Queda mucho por recorrer pero, sin duda, todo paso hacia adelante es alentador y se debe valorar y apoyar.

La querella argentina contra los crímenes del franquismo es mucho más que un proceso de justicia; tiene un valor muy importante en la recuperación del relato histórico y en la recuperación de una memoria colectiva, hasta ahora relegada por la transición y la Ley de Memoria Histórica al ámbito privado y al pasado. Obtener reparación y justicia es clave para los momentos actuales y también para el futuro, porque una democracia plena es incompatible con la impunidad.

El Gobierno del Partido Popular considera a las víctimas del franquismo como «de segunda», olvidadas, frente a los derechos y al reconocimiento que tienen otras. Pero es que las víctimas de la Transición ni tan siquiera existen. Porque su existencia demuestra que esa Transición no fue modélica, ni incruenta, ni fruto de un consenso social, sino impuesta por los herederos y herederas del régimen franquista. Su resultado fue una democracia débil y tutelada, con un Estado poco social, claramente favorable a las fuerzas económicas y financieras, que mantuvo los aparatos policiales y judiciales del anterior régimen. E impuso un modelo de Estado excluyente de los derechos de las nacionalidades, despectivamente llamadas periféricas, en beneficio de la única nacionalidad reconocida: la española. Por eso la Transición la impusieron con represión, con enormes injusticias y atrocidades: semana pro-amnistía, masacre del 3 de marzo en Gasteiz… Y otro de los ejemplos más palmarios de todo ello son los sucesos de Sanfermines de 1978.

En consecuencia, consideramos normal que el alcalde de Iruñea acuda en representación de la Corporación al acto del 8 de julio en la estela de Germán. Lo anormal han sido estos 36 años, en los que el Ayuntamiento ha permanecido de espaldas a la reivindicación de verdad, justicia y reparación por los sucesos de julio de 1978. Porque, como venimos repitiendo durante todos estos años, se trató de una agresión ejercitada de forma directa contra buena parte de la ciudadanía pamplonesa, si no navarra.

La entrada en la plaza de toros, los disparos efectuados, los heridos por bala en la misma plaza y en las calles, los miles de botes de humo y lacrimógenos utilizados, el asesinato de Germán Rodríguez, las fiestas reventadas, el posterior asesinato de Joseba Barandiaran en Donostia… no fueron hechos casuales, sino premeditados, y por ello fueron reconocidos como tales por la Comisión Investigadora de la Ciudad de Pamplona que se creó en su día, y que estaba formada por el Ayuntamiento, parlamentarios navarros, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos… y que situó la responsabilidad de lo ocurrido en el Gobierno de UCD, el ministro de Interior, Martín Villa, el Gobernador Civil y el comisario de la Policía Sr. Rubio.

Tales hechos fueron calificados en su momento, y nos seguimos ratificando en ello, como auténtico terrorismo de Estado. Y fueron de tal magnitud que el Ayuntamiento tomó entonces una decisión que nunca se ha repetido: la suspensión de los Sanfermines. Pues bien, en relación con sucesos tan graves que provienen directamente de los aparatos del Estado y que atentan contra el conjunto de la población, nunca ha habido reconocimiento, justicia ni reparación. Esto sitúa a los sucesos de Sanfermines de 1978 en una dimensión especial por su magnitud, premeditación y criminalidad: «Disparar con todas vuestras fuerzas. No os importe matar», se ordenó desde la emisora policial.

La recientemente aprobada Ley Foral «de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política y provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos», sitúa el reconocimiento y reparación en el ámbito de lo particular, pero ¿qué ocurre cuando la víctima es toda una ciudad? ¿Cómo se hace el reconocimiento cuando se trata de un crimen de Estado, cuya responsabilidad correspondió a la Policía y al Gobierno, que se realizó con total premeditación, contra todo el pueblo de Iruñea y cuando aún están pendientes su esclarecimiento y la asunción de responsabilidades?

En nuestra opinión, el tratamiento debe ser singular y la implicación de las instituciones debe estar a la altura de la magnitud del acontecimiento. Empecemos por este 8 de julio, día en el que se visualizará el compromiso e implicación de la institución que tenemos más cercana, el Ayuntamiento, en la movilización que durante los últimos 37 años hemos seguido manteniendo por agujerear el olvido, el silencio, la niebla con que se ha querido cubrir estos sucesos; luchando por devolver a este pueblo la dignidad pisoteada por el Estado y por conseguir la verdad, justicia y reparación por los sucesos de Sanfermines de 1978.