Grecia evita la asfixia de sus finanzas pero no las duras condiciones de Alemania

Los jefes de Estado de la eurozona acordaron ayer iniciar un tercer programa de apoyo financiero para Grecia, con el que Alexis Tsipras consigue evitar la asfixia de sus finanzas y arrancar un compromiso para reestructurar la deuda y apoyar el crecimiento. A cambio, deberá implementar una severa lista de reformas impuesta en el último momento por Alemania.

Después de 17 horas de negociaciones, en las que por primera vez se recurrió a la amenaza escrita de una salida de Grecia del euro, los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona decidieron por unanimidad abrir la vía a la negociación de un tercer programa financiero para Grecia, pero a cambio de una severa lista de reformas, algunas de las cuales deben cumplirse además «de manera inmediata». El montante de este tercer rescate asciende a 86.000 millones de euros, que se añadirían a los 225.000 millones del endeudamiento que tiene Grecia con sus acreedores.

El propio vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, reconoció que las condiciones impuestas son «duras», aunque las justificó señalando que no hubiera sido «responsable» ofrecer a Atenas un nuevo rescate sin ellas. Advirtió, además, de que queda por delante «un camino duro, especialmente para Grecia», tal y como coincidió en señalar la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien dijo que será necesario dar «muchos otros pasos».

Por su parte, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, afirmó que su Gobierno «luchó hasta el final en favor de un acuerdo que permitirá al país recuperarse» y admitió que tuvo que «afrontar dilemas y hacer concesiones difíciles para evitar la aplicación de los planes de algunos círculos ultraconservadores europeos».

«Hemos evitado el plan de asfixia financiera que iba a comenzar a aplicarse. Hemos conseguido la reestructuración de la deuda y una financiación segura a medio plazo», subrayó Tsipras, que tuvo que comprometerse a aceptar nuevamente la tutela directa de las instituciones (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).

El programa de ayuda financiera, para cuya aprobación se abre un plazo de cuatro semanas, tendrá una duración de tres años y fija en 86.000 millones de euros las necesidades financieras de Grecia, según los cálculos efectuados por el BCE, el FMI y la Comisión Europea. Estas necesidades incluyen varios pagos urgentes en los próximos meses, vencimientos por 7.000 millones de euros para el 20 de julio y de otros 5.000 millones para mediados de agosto.

Los líderes europeos reconocen que existe «seria preocupación en torno a la sostenibilidad de la deuda» y prometen considerar, si fuera necesario, «medidas adicionales» para aliviarla, mediante periodos de gracia y vencimientos más largos. No obstante, dejan claro que una quita sobre el nominal de la deuda «no es posible».

Precisamente, fue la canciller alemana, Angela Merkel, la que se refirió a este asunto al señalar que «una quita nominal para Grecia no se contempla», aunque el Eurogrupo «está preparado para otorgar un periodo de gracia más largo y vencimientos más largos después de la primera evaluación del programa».

Por otra parte, y para ayudar al crecimiento y la creación de empleo en los próximos tres a cinco años, la Comisión Europea permitirá al Gobierno griego utilizar hasta 35.000 millones de euros de los fondos estructurales comunitarios. De forma extraordinaria, la CE adelantará 1.000 millones con el fin de dar «un empujón inmediato» a las inversiones en aquel país.

Plazo, hasta mañana

Alexis Tsipras, tiene ahora de plazo hasta mañana para someter al Parlamento de su país el contenido de este acuerdo. También cinco estados miembros (Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia y Estonia) tienen que consultar con sus parlamentos lo acordado ayer.

Algunas de las reformas y ajustes que se le exigen a Atenas las deberá legislar antes de mañana. Entre ellas se encuentran, tal y como recoge textualmente la declaración de la Cumbre, «la racionalización del sistema del IVA y la ampliación de la base tributaria para aumentar los ingresos», así como las «medidas para mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones» o «la salvaguarda de la total independencia jurídica de la autoridad estadística griega ELSTAT».

Para el 22 de julio, Atenas deberá aprobar la ley de enjuiciamiento civil para reducir los costes de la justicia, así como la reforma del sistema financiero.

El documento advierte de que solo cuando se cumpla de manera estricta y rápida con la condicionalidad descrita, los acreedores considerarán la apertura de negociaciones y la definición de un Memorando de Entendimiento para el tercer rescate.

Además de ello, el Gobierno griego deberá acometer la reforma laboral para «ajustarse a las prácticas idóneas europeas», la liberalización de los mercados energéticos y la privatización del operador de la red de transporte de electricidad.

Fondo de privatizaciones

Otro escollo hasta el último momento ha sido el relativo al fondo de privatizaciones que finalmente deberá crear Grecia, como aval del nuevo rescate, y que se nutrirá de la venta de bienes públicos por valor de 50.000 millones de euros.

Se espera que la mitad se emplee en la recapitalización de los bancos y los 25.000 millones restantes se repartirían a partes iguales entre inversiones productivas y el pago de vencimientos.

Este fondo, que quedará bajo la supervisión de las instituciones europeas, es también una imposición de Alemania, a la que se resistían las autoridades griegas porque dudan de que con la venta de bienes públicos se puedan movilizar más de 17.000 millones de euros.