Arabia Saudí, régimen de terror «amigo»

El país, que está en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, condena a muerte a un joven acusado de manifestarse cuando era menor, incumpliendo una vez más sus obligaciones en esta materia.

Cuando en agosto de 2014, el Estado Islámico (ISIS) hizo público el primer video en el que mostraba la decapitación de un rehén occidental, la del periodista estadounidense James Foley, el mundo respondió lógicamente horrorizado, con una condena unánime. Sin embargo, el grupo yihadista tenía una fuente de inspiración: sin tanta parafernalia, pero de manera sistemática, Arabia Saudí, tradicional aliado de Estados Unidos y Europa en Oriente Medio, ha ejecutado a alrededor de dos millares de personas con este método durante las últimas tres décadas.

La próxima víctima del sistema penal saudí podría ser Ali Mohammed Baqir al-Nimr, un joven de 20 años condenado a morir decapitado, acusado de haber participado en protestas antigubernamentales cuando tenía 17. El hecho que Al-Nimr fuera menor de edad cuando fue arrestado ha provocado una ola de movilizaciones y protestas en todo el mundo y ha levantado condenas por parte de organizaciones e instituciones en defensa de los derechos humanos.

De familia opositora

Al-Nimr es el sobrino del sheik Nimr Baqir Al-Nimr. Este clérigo, quien también se halla en prisión y con una condena a muerte, fue uno de los principales portavoces de las protestas masivas contra el Gobierno saudí que se iniciaron en la provincia de Qatif, al este del país, en 2011.

Ali está precisamente acusado de haber «participado en marchas, protestas y concentraciones contra el Estado», de «haber roto el principio de lealtad hacia el gobernante» y de haber usado su teléfono para incitar a la movilización. En total, una lista de 12 cargos que se basan en una confesión que –el joven asegura– fue conseguida bajo tortura. Activistas de DDHH señalan que su arresto –previo al de su tío– habría sido una manera de presionar y castigar a la familia por su actividad política.

El juicio fue a cargo del Tribunal Penal Especializado, una corte creada en 2008 para juzgar «casos de terrorismo», pero que progresivamente ha ido asumiendo cada vez más casos de disidentes no-violentos. El tribunal emitió su sentencia el 27 de mayo de 2014, tras un juicio plagado de irregularidades, según denuncia Amnistía Internacional. Tras varias apelaciones perdidas, el joven podría ser ejecutado inminentemente, pendiente solo de la ratificación de la sentencia por parte del monarca saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Otros seis activistas, entre ellos el tío de Ali, se encuentran también en el corredor de la muerte por su participación en las protestas, que pedían mejoras sociales y libertad. La región de Qatif es de mayoría chií pese a que solo alrededor de un 15% de los 29 millones de habitantes del país pertenecen a esta corriente del islam.

Aún siendo Qatif rica en petroleo, sus habitantes se quejan de estar política y económicamente abandonados por la monarquía de los Saud, que es de confesión suní. Las protestas, que se sostuvieron durante tres años pese a la feroz represión, dejaron más de veinte víctimas mortales y derivaron al final en esporádicos enfrentamientos armados. Más de 1.000 personas fueron arrestadas entre febrero de 2011 y agosto de 2014, según Human Rights Watch (HRW).

«El tratamiento de Ali Al-Nimr por parte de Arabia Saudita tiene la intención de sembrar el miedo en todas las zonas chiítas del país y demostrar que las protestas populares no se tolerarán: cualquiera que trate de iniciar otro levantamiento se encontrará con el castigo más duro», analiza Adam Coogle, investigador de HRW en la región, en declaraciones a GARA.

Por su parte, Safa Al Ahmad, periodista saudí que grabó secretamente las protestas durante dos años, explicaba en una entrevista con este periódico el pasado 24 de abril que no se trataba de un conflicto sectario: «el Gobierno habría aplastado cualquier protesta, tanto suní como chií. Hay muchos activistas políticos suníes que llevan presos 10 y 15 años por pedir reformas constitucionales. (…) Pero los chiíes están más organizados y esto les ha permitido mantener una protesta durante tres años, algo nunca visto en la historia de Arabia Saudí».

A la cabeza en número de ejecuciones

La European Saudi Organisation for Human Rights aseguró que con la sentencia de Al-Nimr, «Arabia Saudí ha violado sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que prohíbe la pena de muerte por cualquier crimen cometido por menores de edad». Los activistas saudíes aseguran que otros dos de los siete condenados a muerte eran también menores cuando fueron detenidos.

Arabia Saudí también habría violado la Convención contra la Tortura, que suscribió en 1997.

El reino de la Casa Saud es el tercer país del mundo en número de ejecuciones de pena de muerte, solamente superado por la China e Irán. Solo durante los seis primeros meses de 2015, el Estado ejecutó a 102 personas. La mitad de ellas no había sido condenada por ningún crimen letal sino por delitos relacionados con la posesión y el tráfico de drogas.

«El aumento del número de ejecuciones en el país en 2015 podría responder a una voluntad de transmitir una imagen de dureza frente a la inestabilidad regional. Arabia Saudí justifica en general todas las ejecuciones por razones religiosas, con el argumento de la ley islámica», manifiesta el investigador Coogle.

En el Consejo de los DDHH de la ONU

Este currículo no ha impedido que el país fuera elegido en noviembre de 2013 como uno de los 47 países que forman parte del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, gracias a un acuerdo secreto con Gran Bretaña, según denunció la organización UN Watch a partir de unos cables del Ministerio de Exteriores saudí filtrados por Wikileaks.

Pero además, en medio de todo el escándalo por el caso de Al-Nimr, la misma ONG destapó que, desde mediados de año, el embajador saudí en la ONU lidera el Grupo Consultivo del Consejo de Derechos Humanos, que evalúa las candidaturas para los principales cargos de expertos en derechos humanos de la ONU. Para el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer «es escandaloso que la ONU escoja un país que ha decapitado más personas este año que el ISIS para liderar un grupo de trabajo clave en derechos humanos. Los petrodólares y la política han triunfado por encima de los derechos humanos».

El Grupo Consultivo está formado por cinco países, elegidos en representación de los grupos regionales que conforman el Consejo de Derechos Humanos. Así, Naciones Unidas se ha defendido asegurando que la decisión de que Arabia Saudí participe de dicho grupo de trabajo fue exclusivamente del Grupo de Asia-Pacífico y que la presidencia del Grupo Consultivo es rotativa. Pero UN Watch denunció la opacidad que ha rodeado la nominación y apuntó la posibilidad de que esta fuera una compensación a la delegación saudí por haber renunciado a presentar candidatura a la presidencia del Consejo. Dicha intención se conoció a principios de año y causó indignación internacional.

El paralelismo hecho por Neuer entre Arabia Saudí con el ISIS no es baladí. Tanto el régimen de los Saud como el ISIS aplican una versión brutal y retrógrada de la ley islámica, vinculada a la doctrina del wahabismo. Se trata de una corriente ultraconservadora del Islam suní, inicialmente marginal e incluso refutada por las principales escuelas de derecho suní, que se expandió al amparo del ascenso de Arabia Saudí y su monarquía como poder regional. Tanto el régimen de los Saud como el ISIS castigan la blasfemia, la homosexualidad o la traición con pena de muerte. También el adulterio está castigado con la muerte si bien en este caso, ambos especifican que tiene que ser por lapidación. El robo está penado con la amputación de una mano mientras que el bandolerismo, de manos y pies.

Activistas y organizaciones de todo el mundo han llevado a cabo campañas y movilizaciones pidiendo la anulación de la pena de muerte de Ali al-Nimr. Incluso el Parlamento europeo adoptó el pasado 8 de octubre una resolución urgente condenando la inminente ejecución del joven y pidiendo al Gobierno saudí el perdón o la conmutación de pena. También un grupo de expertos de la ONU o el nuevo líder de los laboristas británicos, Jeremy Corbyn, han alzado la voz contra la ejecución.

Pero la campaña difícilmente alterará la interpretación medieval de los preceptos islámicos con que se rige el país. Pese a que el ISIS asegura odiar la monarquía de los Saud por corruptos, les ha servido sin duda de inspiración para su régimen de terror.