Pradales vende sus acciones de Sacyr y reconoce su «error» tras la polémica

La diputado vizcaino de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, reconoció ayer en Juntas que su decisión de adquirir acciones de la constructora Sacyr ostentando esa responsabilidad institucional «no fue la más acertada». Tras la polémica, las ha vendido.

Fuera legal o ético, lo cierto es que el titular del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial ya no es accionista de Sacyr después de la tormenta política y mediática que se originó el 18 de noviembre cuando Radio Bilbao informó de que Imanol Pradales había adquirido ostentando su actual responsabilidad 7.200 acciones de la constructora. Ayer, en Juntas Generales, el jeltzale trató de excusarse por su supuesta bisoñez aunque cargó contra el mensajero, al decir que la información, a su juicio, se dio a conocer «de forma muy interesada».

La fuente es conocida, la declaración de bienes que efectúan todos aquellos que tienen una responsabilidad política en la Diputación y la Cámara foral. Ayer, precisamente, Pradales entregó una nueva en la que comunica la venta de las acciones y, en su comparecencia, explicó que lo ha hecho por un precio inferior a los 16.000 euros que invirtió en su adquisición.

«He actuado en todo momento dentro de la ley, con el comportamiento ético, neutralidad e imparcialidad que exige el cargo», defendió Pradales. Antes, detalló que sus acciones representaban el 0,0013% del capital social de la constructora, lo que, en su opinión, era «insignificante» y no suponía que pudiera «condicionar» la actividad del grupo empresarial.

El diputado explicó que las diferentes legislaciones permiten que un responsable político pueda contar hasta con un 10% de participaciones societarias. Además, incidió en que el decreto foral de 2015 que regula las compatibilidades de los altos cargos en Bizkaia concluye que en su declaracion de actividades y bienes «no existe incompatibilidad alguna».

«He actuado en todo momento dentro de la ley», insistió. A continuación, señaló que su única relación con Sacyr tiene que ver con la rescisión del contrato con la UTE que ejecutaba las obras de los túneles de Urdinbide, en Autzagane, de la que formaba parte esta constructora. A la adjudicataria se le ha penalizado con 4,2 millones de euros. «No se puede desprender, por tanto, un trato de favor o interés personal», afirmó.

Consciente del daño

Imanol Pradales manifestó que es consciente de que la repercusión política y mediática del asunto «puede dañar la imagen de la Diputación», al entender que en la actual coyuntura la ciudadanía exige «un celo adicional» en las decisiones «personales y profesionales».

Por ello, dejando claro que tiene «la conciencia tranquila» por estimar que «ha obrado con transparencia, con honestidad y buena fe», el diputado precisó que «siempre que, sea posble, una decisión desacertada, se debe subsanar». De ahí su decisión de vender las acciones para que «no sea un fácil recurso para la crítica política e interesada para sembrar duda sobre mi persona o –reiteró– para dañar la imagen de la Diputación».

Aseguró que los cargos tienen la obligación de estar «permanentemente vigilantes no solamente de las acciones y sus consecuencias», sino también «de las distintas interpretaciones que pueda hacer «un tercero».

La oposición incide en la imagen ofrecida

Ningún grupo político puso ayer en cuestión la legalidad de la compra de acciones por parte del responsable foral de Obras Públicas. Desde la primera fuerza de la oposición, Josu Unanue consideró que «nadie» había entendido que Imanol Pradales hubiera adquirido esas participaciones de Sacyr siendo diputado de Desarrollo Económico y Territorial. «Esa compra de acciones no era ética», subrayó.

El apoderado de EH Bildu incidió en la falta de ética del responsable foral después de que él y otros cargos hubiesen rubricado un código ético de conducta. «Qué hubiera pasados si no se hubiese hecho pública la compra de las acciones», se preguntó.

Asun Merinero (Podemos) manifestó que la responsabilidad política va más allá de que la conducta y las prácticas del diputado sean legales. Jesús Isasi (PP) alabó el gesto de Pradales, aunque reconoció que podía haberlo evitado no comprando acciones.

Para el PSE, la decisión de Pradales es «suficiente» y el jeltzale Jon Andoni Atutxa incidió en la «legalidad», aunque reconoció en lo «desacertado» de la compra. A.G.