Modelo de Estado

En alguna parte tuve el placer de leer un «Manifiesto Republicano» de origen asturiano, que entre sus párrafos incluía el siguiente: «La democracia excluye que la más alta magistratura del Estado sea desempeñada por razón de nacimiento y que su trayectoria se encuentre sometida a los avatares de una familia por muy ilustre que sea su apellido».

Comenzar con este hermoso párrafo no es casualidad, pues es precisamente el rey de los españoles una de las piezas que además de interpretar, representa el inmovilismo en todo aquello que concierne al modelo de Estado. Pudiera parecer una figura que simplemente es utilizada por quien gobierna, pero de hecho concita voluntades y expresiones políticas que no son en absoluto ajenas a la confrontación actual sobre el modelo de Estado.

Es pues uno más de los agentes involucrados en el debate actual, y aunque carece de capacidad de decisión, su influencia es notable, con la ventaja añadida de aparecer como una figura sino aséptica, sí por encima de los intereses concretos que pujan en el debate. Y eso es escrupulosamente falso.

De todas formas y a pesar de la contumaz, larga e invariable prédica y práctica de golpistas, dictadores y reyes varios, lo cierto es que los vascos nos hemos situado en una coyuntura que tiene por objetivo trazar un futuro que implica poseer no solo proyectos definidos, también fortaleza para defenderlos. Y es aquí, en las convicciones, en los proyectos, en la implicación para llegar a un común denominador, donde se observan una serie de claras y peligrosas ambigüedades.

Debemos evitar errores del pasado, porque hoy no sirven las fotos al instalar la «primera piedra», es necesario trabajar y asegurar la calidad de la construcción en la totalidad del proceso, desde las catas iniciales, hasta ver el «ramo en el tejado».

La metáfora siempre es un recurso que ayuda en la comunicación, pero no debe utilizarse para manipular la realidad. No debiera hacernos olvidar que vivimos tiempos de crisis económica y esto hace que muchos estén obligados a variar sus prioridades. Pero debiéramos hacer un esfuerzo y mantener nuestra escala de valores y objetivos. Por eso, si se dan –o se obtienen– las condiciones necesarias, este pudiera ser el momento oportuno de concretar y sumar intereses que permitan dar a conocer el «norte» que marca hoy nuestra brújula. A pesar de tosas las crisis.

Son ya muchas las décadas, y puede afirmarse que la opción estatutaria actual queda «demasiado» corta y desfasada, pues la relación entre las instituciones propias y las del Estado queda excesivamente desequilibrada a favor de esta última.

Este desequilibrio no solo atañe al contenido de los gobiernos –vascongado y navarro– sino sobre todo a la propia cali- dad de los mismos. Y es que, aun partiendo de textos diferenciados y gobiernos autonómicos también diferenciados, las actuales autonomías tienen una doble tara congénita que condiciona negativamente sus posibilidades políticas.

De un lado, porque todo lo que delimita según la letra de la Constitución española –el reparto de poderes–, los controles a que están sometidas, etc., rezuma el ambiente de fuerte recelo hacia las nacionalidades «periféricas» en que se engendró durante la transición, con fuerte presencia franquista. De otro lado, porque las posibilidades de una interpretación más lógica y abierta de la Constitución están supeditadas a la relación de fuerzas del sistema político español y a sus mayorías electorales.

Esto nos dice que las actuales autonomías se encuentran totalmente limitadas legalmente en aspectos importantes para el llamado «autogobierno», sin olvidar la clara servidumbre respecto al talante de las personas que en cada momento estén al frente de las instituciones centrales del Estado.

Nadie está en condiciones de negar que en la práctica de los años se ha traducido en una considerable y persistente arbitrariedad política. La subordinación al poder estatal y sus instituciones, que al ser constituidas de acuerdo con las mayorías, hace que sean estas quienes regulan el alcance y contenido real de la autonomía. De manera que las transferencias –las que terminan siendo transferidas– son utilizadas como concesiones «a cambio de», exigiendo además fidelidad y lealtad al sistema.

En un párrafo anterior citaba la falta de implicación, la ambigüedad y escasa convicción por parte de algunos que se postulan como agentes necesarios en este proceso. Aquí entra de lleno la irresponsabilidad institucional interpretada por el «dúo» de Gasteiz. Qué lejos están de lo que se presume que debe ser un gobierno. Lakua más se asemeja hoy a una prolongación de Sabin Etxea, que a la central operativa del Gobierno autonómico vascongado.

Escenifican a la perfección le inveterada costumbre del «pájaro cuco» respecto a los nidos de sus vecinos. No será fácil que varien su estéril compromiso.

De todas formas quiero sub-rayar que el corporativismo transversal como método de trabajo político, exigiendo lo que otros deben hacer de forma imperiosa y permanente, no es una aportación seria y menos eficiente, máxime, ante un proceso de normalización política, del que se supone se es parte.

Es evidente que el mantener esta postura a lo largo de tanto tiempo lleva a la conclusión de la escasa economía de medios para tal efecto, puesto que en principio, es dudoso que sea producto de la incapacidad. Seriedad, trabajo, compromiso y lealtad –por parte de todos– para con las mujeres y hombres de Euskal Herria. No hay otro camino posible, porque aunque algunos se empeñen en negarlo, y otros en taparlo, en esta «clase política» seguirá habiendo zonas oscuras e inquietantes. Es decir, con o sin bendición institucional, el poder corruptor del dinero.

Créanme, este es el freno.