Tercer fallo de Europa contra la dispersión en un caso análogo al de los vascos

Tras los casos Khodorkoviskiy-Lebedev y Vintman, el Tribunal Europeo ha dictado una tercera sentencia contra el alejamiento de presos. El denunciante esta vez era un ucraniano llevado a 1.000 kilómetros del domicilio familiar. Estrasburgo dice que ello puede aceptarse en supuestos como riesgo para la «seguridad nacional», pero no es el caso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que Ucrania vulnera el artículo 8 de la Convención Europea al encarcelar a un preso llamado Oleg Ledonidovic Rodzevillo en Gubnyk, a 1.000 kilómetros de distancia de Simferopol, la ciudad en que viven sus padres. Apuntala así la jurisprudencia que ya se abría paso con sentencias anteriores similares, y que son evocadas en este fallo, como la de Khodorkoviskiy y Lebedev contra Rusia (2013) o Vintman contra Ucrania (2014). El citado artículo 8 establece el derecho de todas las personas presas a mantener «su vida familiar y privada», sin «interferencias» por parte de la autoridad pública, salvo en casos en que estén en juego «la seguridad nacional, la salud pública o bienestar económico del país» o bien ello sea necesario para impedir crímenes, derechos y libertades de otras personas…

La Sección Quinta del Tribunal de Estrasburgo, en la sentencia emitida anteayer, analiza si se produce alguna de estas circunstancias y concluye que no, por lo que decreta que tal alejamiento «no era ‘necesario’ en una sociedad democrática a la luz del significado del artículo 8.2 de la Convención». El Gobierno ucraniano había justificado esta medida en cuestiones organizativas, que le impedirían encarcelar a este preso en su región natural de Crimea o bien en Volniansk, con conexión directa por tren con Simferopol. En cualquier caso, Kiev no presentó alegaciones a este punto concreto de la demanda de Rodzevillo, como sí hizo con otros aspectos como los relativos a las condiciones de detención. La condena lleva incluida una indemnización para el recurrente de 10.000 euros, y declara violados también los artículos 3 y 13 de la Convención, además del 8.

Situaciones similares

No solo la falta de justificación equipara este caso con los de los presos y presas vascas sometidas a la dispersión, sino también los elementos objetivos. La distancia entre Simferopol y Gubnyk resulta similar a las que tienen que recorrer los familiares que acuden a las prisiones de Andalucía o en las ubicadas al norte de París. Ello supone que para desplazarse en transporte público los allegados del preso ucraniano deben tomar dos trenes y un autobús o bien un costoso taxi. En la práctica, imposibilita las visitas de su padrastro, nacido en 1925 y con graves problemas de salud, y dificulta mucho las de su madre, nacida en 1940 y también enferma. Entre 2007 y 2015, Rodzevillo apenas pudo recibir siete visitas de su madre.

La sentencia cita que, además de los destinos lógicos y accesibles de Crimea y Volniansk, existen «otras nueve regiones más cercanas a los familiares o que ofrecen mejores conexiones», en las que podría haber sido encarcelado Rodzevillo. Su alejamiento a Gubnyk se produjo en 2007 y se ha extendido hasta ahora. Había sido detenido en 2003 y condenado por «asociación criminal» achacándosele varias muertes, atracos y otros delitos. Tiene en la actualidad 48 años.

El antecedente más cercano a esta sentencia es el del caso Vintman, en el que Ucrania argumentó igualmente razones de organización carcelaria y añadió la del comportamiento del preso. Estrasburgo respondió igualmente que no había motivo para aplicar las excepcionalidades a la regla general introducidas en el artículo 8 de la Convención.

Sare saluda en acuerdo en la AN y exige acabar ahora con las medidas de excepción

El portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, saludó ayer el acuerdo alcanzado entre las defensas de los imputados en el sumario 04/08, la Fiscalía y las acusaciones populares. «Es muy interesante porque de lo que se trata es de ir vaciando las cárceles», señaló tras advertir de que el acuerdo responde a dos «planteamientos: al de la reparación, y al de evitar que la gente entre en la cárcel».

En declaraciones ante los medios, Azkarraga también se refirió a las palabras del dirigente de Sortu Rufi Etxeberria, que el martes planteó a EPPK redefinir su aportación como «presos independentistas». «Estas declaraciones están en la línea de lo que ha manifestado Sare. Y ahora hay que exigir a la administración que deje de aplicar de manera excepcional la ley a este colectivo, porque, si les aplicará la legislación vigente, un numero importante de presos estaría en libertad», añadió. A este respecto, cabe señalar que la juez Carmen Lamela puso ayer en libertad con medidas cautelares a Aitor Elizaran después de que este se presentase en la Audiencia Nacional.

Por otro lado, ayer Sare hizo un llamamiento a la sociedad vasca para poder hacer frente a los gastos derivados de la manifestación del pasado sábado, donde recaudó 68.784,87 euros. Una cantidad insuficiente, ya que debe hacer frente a un déficit de 25.391 euros. Conviene recordar que la red ciudadana no tendría este problema si la Guardia Civil no se hubiera llevado los 90.000 euros recaudados el año pasado.

Ayer hubo movilizaciones en apoyo a los presos y presas vascas en Gatika (6), Antzuola (22), Lekeitio (97), Ondarroa (133), Getaria (44), Mundaka (20), Ugao (48), Amurrio (35), Lazkao (82), Zarautz (137), Galdakao (90), Algorta (53), Iruñea (205), Andoain (46), Orereta (165), Bera (15), Hernani (210), Barañain (31), Usansolo (20), Donostia (118), Amara (33), Aulesti (51), Etxarri-Aranaz (55), Gasteiz (370), Bergara (58), Mutriku (45), Oñati (46), Lezama (13), Arbizu (18), Zizur (16) y Lizarra (28). Y en días anteriores hubo movilizaciones en Ansoain (19), Arrosalia (13), Burlata (67), Eibar (85), Txantrea (56), Iturrama (40), Santurtzi (52) y Sanduzelai (14).GARA