Nuevo estatus y estrategia independentista

La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido…» recitábamos de pequeños en la escuela para celebrar la llegada de esa estación, sin saber que esos versos de apariencia infantil eran el inicio de un poema del gran Machado. Al igual que la primavera en aquella infancia previa al cambio climático, el debate sobre el nuevo estatus ha llegado de forma repentina, cuando menos se lo esperaba. Mientras la política en el Estado oscila entre la épica y el culebrón, géneros ambos de gran poder adictivo, la política vasca, al menos en la CAV, ha sido sometida a un tempo soporífero por parte del partido gobernante. La tradicional aversión del PNV al cambio, o mejor dicho al riesgo, se ha multiplicado en este momento en el que disfruta de una plácida hegemonía institucional. El menor impacto de la crisis en comparación con el Estado ha imprimido también un cierto sesgo conservador a una política vasca habitualmente mucho más dinámica.

Pero el agotamiento de los plazos y las excusas, la presión de la izquierda soberanista, el proceso catalán y el evidente colapso del marco actual han motivado que finamente el debate sobre el nuevo estatus haya arrancado formalmente con la presentación de las primeras propuestas de cada formación. Aunque la doble resaca navideño-electoral haya hecho que este arranque haya pasado relativamente desapercibido, el proceso está en marcha. El nuevo estatus ya no es un concepto de definición abstracta y vías de implementación indefinida sino que empieza a tomar cuerpo, negro sobre blanco, la visión que cada sector político del país tiene sobre esta cuestión. Hemos esperado años y ahora, casi sorprendidos, constatamos que ha llegado la hora de retratarse.

La semana pasada los partidos de la CAV registraron sus primeras propuestas sobre el nuevo estatus. Hay que aclarar que el debate arranca con tres grandes ausentes. Uno voluntario, otros dos involuntarios. El PP se autoexcluye presentado un documento sin fondo, en el que, demostrando su profunda desconexión de la realidad política vasca, alaba el estado de salud del estatuto y propone unos leves ajustes de naturaleza neoforalista. Otro paso firme hacia la nada de un partido en caída libre que ya solo influye en la política vasca en la medida en que puede imponer cosas desde Madrid. El segundo ausente es Podemos, partido ganador de las últimas elecciones pero sin representación aún en la cámara de Gasteiz, que indudablemente deberá tener un lugar en el debate sobre el futuro del país. El tercer ausente es la propia sociedad, que más allá de su participación por delegación en los partidos debe tener otros cauces de aportación, tanto a través de organizaciones sociales y sindicales como de la participación directa. EH Bildu recoge en su propuesta de forma expresa la necesidad de articular mecanismos para garantizar la contribución de los agentes que no han podido tomar parte en esta fase.

PNV, EH Bildu y PSE han concretado su visión inicial sobre lo que debería ser el nuevo estatus político. El PSE se abre a una remodelación del Estatuto que podría ser profunda en algunos aspectos pero que indudablemente no cuestiona la posición de subordinación de Euskal Herria frente al Estado. No piden un nuevo estatus sino un nuevo estatuto y aunque contemplan algunos pasos interesantes en aspectos formales y competenciales proponen poco más que un lifting. El PNV habla del derecho a decidir y hace un amplio análisis desde el derecho internacional comparado sobre las posibles aplicaciones del mismo, pero termina apostando por un nuevo estatuto con competencias mayores y blindadas y un mecanismo de arbitraje y defensa ante acciones recentralizadoras. A la espera de una lectura más profunda, su propuesta ofrece elementos interesantes e incorpora aspectos jurídicos y políticos con cierto potencial aunque concluye en una concreción muy conservadora, que remite también más a la renovación estatutaria que a un cambio de estatus.

Nuevo estatus no es igual a nuevo estatuto. Un estatuto que simplemente sirva para reordenar el marco competencial, aunque lo amplíe de alguna manera, es una reedición del estatus actual. El nuevo estatus ha de ser la definición del pueblo vasco como sujeto político soberano, capaz de decidir su marco de relaciones con el estado de forma libre y democrática. EH Bildu aboga por la construcción de un marco institucional de carácter estatal, basado en la soberanía, como única vía para poder relacionarse en pie de igualdad con el Estado español y poder determinar de forma democrática el modelo de relación entre ambos sujetos políticos. El paso de comunidad autónoma a Estado soberano es el verdadero cambio de estatus. Es necesario romper con la relación de supeditación jerárquica frente al Estado y establecer una relación entre iguales. Para convivir o para separarnos, eso lo determinará la sociedad vasca, pero entre iguales.

La defensa de un nuevo estatus democrático engarza con la defensa de la territorialidad y la independencia. Creemos que la CAV es una parte de la nación vasca y que al igual que Nafarroa o Iparralde, ha devenido en marco de decisión. Estos tres espacios deberían dotarse de un marco jurídico que garantice su autogobierno y su derecho a decidir para, más tarde, confluir como iguales para construir un Estado vasco independiente. La propuesta de nuevo estatus no es la formulación del marco político final al que aspira EH Bildu, ya que éste es la independencia para los siete herrialdes de Euskal Herria y la construcción en ese nuevo Estado de un modelo de justicia social. Es un marco transitorio instrumental que se inserta en la dinámica de escenarios tácticos, como la alternativa KAS (con su propuesta de Estatuto Nacional de Autonomía) o la fórmula de Estatuto a cuatro lanzada en 2007 en el Anaitasuna. En esta etapa no se trata de materializar el proyecto definitivo de cada partido sino de construir un marco jurídico-político de amplio consenso que permita articular democráticamente el debate de futuro.

Además de articular las relaciones con el Estado español y el resto de territorios de Euskal Herria, el nuevo estatus debe definir aspectos claves de la organización política y social adoptando en cierta medida una caracterización constituyente. Esta dimensión constituyente, orientada al fortalecimiento y blindaje de derechos sociales, es uno de los aspectos centrales de la propuesta de EH Bildu, que busca fusionar de forma nítida el derecho a decidir y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría. La soberanía ha de ser un instrumento para el empoderamiento popular y el giro social del entramado institucional. Es lo que hemos llamado soberanismo social, soberanía para la justicia social. Poder decidir para poder hacer las cosas de otra manera.

La voluntad democrática de la sociedad vasca no será suficiente para que el Estado acepte un nuevo estatus basado en el derecho a decidir. Será necesaria la confrontación democrática. A día de hoy el derecho a decidir está tan fuera del marco constitucional estatal, y de los esquemas políticos de su clase dirigente, como la independencia. La diferencia es que el derecho a decidir tiene en la sociedad vasca el respaldo de una muy amplia mayoría sociopolítica. Es importante señalar que el debate sobre el nuevo estatus será culminado en un parlamento en el cual las fuerzas favorables al derecho a decidir pueden ocupar cerca de tres cuartas partes de los escaños. Al mismo tiempo seguiremos trabajando por el avance de la demanda de reunificación nacional e independencia. Para ello debemos articular una oferta independentista para la Euskal Herria actual, crear unos nuevos referentes colectivos de País que permitan identificarse con ellos a una gran mayoría social. Un independentismo de abertzales y no abertzales que demuestre que un Estado vasco independiente es la opción para vivir mejor.