Con la comida de los niños no se juega

Ayer se conocía que la Autoridad Vasca de la Competencia ha sancionado con 18 millones a ocho empresas que han prestado durante una década el servicio de comedores escolares públicos, dependientes del Departamento de Educación de Lakua, por «pactar precios» y por «reparto del mercado», lo que ha provocado «un grave quebranto a las arcas públicas y las personas usuarias del servicio».

Cada día se elaboran cerca de 92.000 menús en estos centros y durante el curso se dan en el conjunto de la CAV más de 17 millones de menús. Nada más conocerse la resolución de la AVC, organismo autónomo pero dependiente del Gobierno de Lakua, el portavoz Josu Erkoreka intentó lanzar un mensaje tranquilizador a las familias de todos aquellos niños que puedan verse afectados. Afirmó exactamente que la prioridad y «lo que preocupa al Gobierno» es asegurar que «la sanción no suponga una desatención a los comedores de las escuelas».

Estoy totalmente de acuerdo con estas palabras si no fuera porque se me ha encendido en la cabeza una bombilla –imaginaria, por los efectos de la pobreza energética–. Si no recuerdo mal, las próximas elecciones autonómicas se celebran a finales de este año, y el recorte en gasto social en los Presupuestos de 2016 han tenido muchas críticas. Solo espero que las palabras pasen a los hechos y, sin esperar a lo que sentencie el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al que recurrirán varias de las empresas sancionadas, de verdad se tengan en cuenta las necesidades de los que siempre son los más perjudicados: los niños.