Policías españoles persiguieron a Txapartegi sin permiso de Suiza

La refugiada vasca Nekane Txapartegi fue arrestada en Zurich en abril de este año. Año y medio antes, en enero de 2015, policías españoles la identificaron. Fuentes jurídicas suizas han confirmado a GARA que la operación se desarrolló sin su conocimiento. La defensa de la exiliada vasca ha presentado una denuncia contra los funcionarios.

La refugiada política vasca Nekane Txapartegi fue identificada por policías españoles meses antes de que la Justicia suiza ordenase su arresto para cumplir con la orden de extradición presentada por Madrid. Concretamente, el 4 de enero de 2015, más de un año y medio antes de que fuese detenida el 6 de abril de este año. GARA ha podido constatar que las autoridades suizas no tenían conocimiento de la presencia de los agentes españoles en Zurich, lo que podría constituir un delito según la ley suiza. El artículo 271 de su Código Penal prohíbe a cualquier persona trabajar en interés de estados extranjeros sin permiso de su propio Gobierno. Por este motivo, la defensa de Txapartegi ha presentado una denuncia ante las autoridades helvéticas.

Los hechos se remontan al 4 de enero de 2015. Aquel día, tres agentes, vestidos de civil y que hablaban entre ellos en castellano, identificaron a Txapartegi en Zurich. La ciudadana vasca se había refugiado en el país helvético después de ser condenada a seis años y nueve meses de prisión dentro del macrosumario 18/98. Cabe recordar que la vecina de Asteasu denunció brutales torturas en el momento de su arresto, desarrollado por la Guardia Civil en 1999. Relató incluso haber sido violada en los calabozos.

Desde el momento en el que se confirmó la condena, la Policía española buscaba a Txapartegi e incluso incluyó en 2012 en una lista de supuestos miembros de ETA huidos. Finalmente, tres agentes la interceptaron en Zurich. Se trata de una actuación realizada a espaldas del Gobierno suizo. Fuentes de la Oficina General de Justicia helvética así lo confirmaron a este diario. «No hay constancia de la presencia de españoles», admitieron. Se da la circunstancia de que Madrid no reclamó la extradición hasta abril de 2015, cuatro meses después de haberla localizado. Según consta en un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, las autoridades suizas instaron al Ejecutivo español a reclamar la entrega antes de proceder a su arresto.

«Los servicios policiales y de inteligencia de Suiza, de acuerdo a su protocolo de actuación, requieren para materializar la localización y posterior detención para extradición de la misma, la solicitud formal de extradición dirigida a las autoridades judiciales suizas». Es decir, que el país helvético no había desarrollado ningún tipo de investigación hasta que los policías españoles no le indicaron dónde se encontraba la refugiada.

Silencio de la administración

La sospecha de que los agentes del Estado (que no ha quedado acreditado si fueron policías o guardias civiles) actuaron sin permiso de las autoridades suizas ya fue planteada por la defensa de Txapartegi después de su detención. En una carta remitida en abril de este año a la jefa de Justicia, Simonetta Sommaruga, ya se advierte de las irregularidades. En la respuesta del departamento, fechada una semana después, los responsables del ministerio ni confirman ni desmienten las afirmaciones. No obstante, en todo el relato realizado por el Ministerio español del Interior queda demostrado que fueron sus agentes los que localizaron a la refugiada vasca. Posteriormente, el Consejo de Ministros, en junio de 2015, reclamó la extradición. Un año después, la refugiada vasca fue arrestada. Actualmente permanece en una prisión suiza, a la espera de que las autoridades helvéticas resuelvan la entrega.

Las manifiestas irregularidades en la localización de Txapartegi no tienen por qué influir en la demanda de extradición. En este punto, la refugiada alega que su condena se produjo debido a inculpaciones obtenidas bajo tortura y advierte del riesgo de ser dispersada. Sin embargo, su demanda sí que demuestra lo poco que Madrid toma en cuenta la ley cuando se trata de combatir al independentismo.