La legalidad marca la segunda ola de detenciones en el Estado turco

La comunidad internacional criticó la celeridad con la que el Gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan está llevando a cabo las detenciones relacionadas con el fallido golpe de Estado, vistas en algunos casos como una caza de brujas y cuestiona que la ley esté siendo respetada por las autoridades turcas.

El tono de voz del inalterable primer ministro turco, Binali Yildirim, comenzó a quebrarse. Su característica afonía no pudo con la emoción. Soltó unas lágrimas, más húmedas en su voz que en sus ojos, y aseguró que su Gobierno tomará las medidas necesarias para «evitar un nuevo golpe de Estado».

En su discurso, pronunciado tras la reunión semanal de su Gabinete, las tibias lágrimas no pudieron, sin embargo, ocultar los deseos de venganza: «Aquellos que han estado envueltos –en el golpe de Estado– tienen que saber que demandaremos el precio de cada gota de sangre derramada. No descansaremos hasta ajustar las cuentas. Pero mientras lo hacemos, continuaremos dentro de los márgenes de la ley».

Los márgenes de la ley en el Estado turco eran difusos ya antes de la asonada militar. Hoy puede que ni existan, borrados durante la noche del 15 de julio. En 72 horas, 8.777 policías, 1.500 funcionarios y 2.745 jueces y fiscales han sido apartados de su puestos. Además de 6.000 militares, 735 fiscales y jueces, 650 civiles y un centenar de policías que han sido arrestados.

A todo esto se le suma la propaganda mediática que enturbia la realidad. La agencia estatal Anadolu Ajansi aseguró que el general Akin Öztürk, excomandante de las Fuerzas Aéreas y señalado por el Gobierno como líder del levantamiento militar, reconoció su implicación. Horas más tardes, según el canal NTV, Öztürk no sólo desmintió la información sino que además afirmó que trató de detener la asonada.

Fatih Yasli, experto de la Universidad de Bolu, coincide con el grupo de opositores y medios de comunicación que dudan de Fethullah Gülen como máximo responsable del golpe de Estado y cuestionan la legalidad de las detenciones: «El objetivo del régimen es diseñar a su gusto el Ejército y el Estado. Por eso, cualquier oposición está siendo juzgada por golpista. Es una cuestión política en la que están eliminando a sus enemigos. Si todos estos arrestados fueran del Cemaat –Movimiento, como también se conoce al grupo que lidera el clérigo Gülen– la asonada habría conseguido sus objetivos y estaríamos hablando de otra historia».

La celeridad con la que el AKP está arrestando a los supuestos simpatizantes de Fethullah Gülen ha llevado a Johannes Hahn, comisario de la Unión Europea (UE) para el proceso de adhesión turco, a considerar que esta lista estaba preparada de antemano. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, también criticó la represión del Ejecutivo e incluso se permitió el lujo de cuestionar el futuro de Turquía en la OTAN. Algo que zanjó, raudo, Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza, quien telefoneó a Erdogan para mostrarle su apoyo.

Desacreditar a EEUU, como hizo Stoltenberg, se entiende por la primacía geoestratégica de Turquía. La OTAN no podría plantearse un problema político con un aliado al que tanto la UE como EEUU han consentido decenas de gestos autoritarios.

Las amenazas de Bruselas, asegurando que cancelará el proceso de adhesión si Turquía reinstaura la pena capital, no afectarán a las políticas del AKP ni a la cuestionable legalidad de las mismas. El Estado turco sabe que el acceso es imposible por el simple hecho de ser un país de mayoría musulmana y si quisiera aprobar la pena de muerte no se sentiría coartado por los deseos de una débil UE.

Nuevas medidas

De momento, las operaciones dirigidas por el AKP continuaron ayer en todo el país. A las masivas detenciones se unió la inspección de la base aérea de Incirlik en busca de pistas relacionadas con los golpistas y el cierre del espacio aéreo de la región de Marmaris, en la que se encontraba el presidente el día del fallido golpe de Estado, hasta el próximo día 22.

Además, tres millones de funcionarios están obligados a presentarse en sus puestos de trabajo y se han impuesto limita- ciones para que los turcos viajen al extranjero. Es decir, que Erdogan quiere a todos los posibles «gülenistas» dentro de Anatolia.

Mientras, la seguridad de los anatolios sigue preocupando a parte de la sociedad. Erdogan no ha dejado de azuzar a las iracundas masas islamistas a seguir en las calles. Parece una idea contraproducente, ya que durante varios días se han producido tibios enfrentamientos. Ayer, en un ataque aún por esclarecer, el vicealcalde del distrito estambulí de Sisli, Cemil Candas, fue disparado en la cabeza por un agresor no identificado. Está en estado crítico y podría convertirse en la primera víctima del posgolpismo. Fatih Yasli aventura que «lo que suceda durante estos días –por los posibles enfrentamientos– va a determinar la futura posición de la gente. La tensión es muy alta».