La acusación popular también pide cárcel contra Fernández y Cabieces

La acusación popular del «caso Kutxabank» informó ayer de que ha pedido penas de cárcel contra el exdelegado del Gobierno español Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta –tres años y medio–, así como para el expresidente de la entidad, Mario Fernández –dos años y tres meses–. También señala la responsabilidad política de los hechos.

La acusación popular del «caso Kutxabank», que representa a LAB, ESK, Steilas, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, ha pedido tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno español en la CAV, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses para el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández.

En una rueda de prensa, la acusación popular dio a conocer ayer el escrito de acusación que ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbo y en el que pide la apertura de juicio oral por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, realizados por el banco a Cabieces. Además, los organismos que ejercen la acción popular solicitan como prueba la declaración de los acusados. Consideran que los hechos que se enjuiciarán son constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal, un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 250.1 y 5; 252 y 74 del Código Penal y un delito de falsedad documental de los artículos 27 y 28 del Código Penal. Por ello, piden para Mario Fernández la pena de dos años y tres meses de prisión, inhabilitación en ese tiempo para ser elegido cargo político especial y para cargos de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles, además de una multa de 27.000 euros.

Por su parte, tanto para Cabieces como para Alcorta solicitan, para cada uno de ellos, la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación en este periodo para ser elegido cargo político y para el ejercicio de la abogacía. Además, a cada uno se le piden 36.000 euros.

La acusación popular quiere que quienes «ejecutaron e instigaron los delitos, paguen por ellos» y cree que aunque Fernández, Alcorta y Cabieces «son los autores materiales» hay «una más que evidente responsabilidad política de los partidos que han realizado la liquidación de las cajas vascas, PNV, PP y PSE, a la hora de pactar la compra de voluntades y tratos de favor como el que nos ocupa». Por ello, exigieron ayer que quienes «tomaron y pactaron la decisión política, asuman sus responsabilidades, reconozcan que han sido parte imprescindible para la comisión de los delitos que se imputan a Mario Fernández, Rafael Alcorta y Mikel Cabieces y asuman las consecuencias».

Marco temporal coincidente

Los organismos querellantes recordaron que los hechos denunciados tienen «un marco temporal coincidente con la trans- ferencia del negocio bancario de las cajas vascas a Kutxabank» y, a su juicio, es precisamente este hecho, «la liquidación y privatización de las cajas vascas, el argumento utilizado para justificar los delitos cometidos por las personas directamente implicadas en los mismos». «No se puede seguir hablando de transparencia sin acabar con prácticas como la que denunciamos y la utilización de las puertas giratorias entre el ámbito político e institucional y el ámbito empresarial», dijeron en este sentido.

En la comparecencia, recogida por Europa Press, la acusación popular recordó que Cabieces, con el «único mérito» de haber sido delegado del Gobierno, «recibió 243.492,02 euros entre finales de marzo de 2008 y octubre de 2014», e indicó que el incremento de la iguala que contrató el bufete del Rafael Alcorta de 5.783 euros mensuales «era el artilugio contable que trataba de ocultar los pagos indebidos a Cabieces». Además, apostilló que «la decisión operativa la tomó» Mario Fernández «de manera unilateral y sin control alguno de los órganos de gobierno de Kutxabank».

A juicio de los citados organismos, estas prácticas, «demasiado habituales entre el ámbito de la política y los negocios», no deben quedar sin castigo. «Los responsables políticos, que son quienes las impulsan y protegen, deben ser expulsados del ámbito político y la gestión de las instituciones que a todos nos pertenecen», apuntaron.