EH Bildu dará batalla judicial y política tras aceptarse una de las dos vías contra Otegi

«El problema aquí no es Arnaldo sí o Arnaldo no, ni siquiera EH Bildu sí o EH Bildu no; el problema es que queremos vivir en democracia y sin imposiciones». Sobre esta premisa, EH Bildu anuncia ofensiva jurídica y política tras la primera decisión de la Junta Electoral de Gipuzkoa de aceptar una de las dos inhabilitaciones planteadas por Madrid.

La pelea está servida. En su vertiente judicial, llegará hasta las puertas de la campaña, que será cuando decida el Constitucional. En la política, se extenderá hasta el 25S y más allá, porque la cuestión de fondo se reproduce una y otra vez. Oskar Matute y Oihane Zabaleta la resumieron así ayer a la tarde en Donostia: «¿Está la sociedad vasca dispuesta a aceptar que alguien pueda decidir qué rivales electorales quiere tener delante?». Desde la convicción de que está en juego ese derecho a decidir, en este y en tantos otros ámbitos, irán hasta el final para mantener como aspirante a lehendakari a Arnaldo Otegi, la persona elegida para ello por sus bases.

Horas antes, a las 9.30, la Junta Electoral de Gipuzkoa había comunicado a EH Bildu que asume una de las dos causas de inhabilitación planteadas desde la Audiencia Nacional, dentro de la sentencia que condenó a Otegi a seis años y medio de cárcel ya cumplidos en su integridad. No se hace alusión en el escrito a la inhabilitación para cargo público, que ha sido defendida con ahínco hace meses pero va perdiendo fuerza ante la constatación de que efectivamente no fue concretada y no cabe aplicarla. Pero sí se toma en consideración la que alude al sufragio pasivo; es decir, a que Otegi no tendría derecho a ser votado.

Para ello se han retorcido los plazos. El líder independentista fue encarcelado en octubre de 2009 y condenado por la AN en setiembre de 2011, pero esta inhabilitación se le intenta computar desde setiembre de 2014 (argumentando que antes estaba cumpliendo otra), de modo que se le impide ser votado hasta 2021.

Es lo que ha defendido la Fiscalía y asume por el momento la Junta Electoral de Gipuzkoa, aunque hay que matizar que solo ha escuchado a esa parte. Se abre ahora turno para la defensa, que podrá presentar alegaciones (como tope a medianoche de mañana), de modo que los cinco componentes de la Junta tendrán más elementos para decidir si proclaman o no candidato a Otegi. Se posicionarán el lunes y se hará público en el Boletín el martes.

Pese a la enorme expectación ya generada, esto viene a ser solo el calentamiento para el partido real, que se juega después en los tribunales en dos partes: Contencioso-Administrativo (31 de agosto a 3 de setiembre) y finalmente Tribunal Constitucional (4 a 8 de setiembre, víspera del arranque de la campaña).

«Tablero igual para todos»

Las expectativas de quienes intentan presentar este veto como un trámite normal se desvanecieron enseguida (entre ellos se sitúa de modo cada vez más explícito Iñigo Urkullu, que en entrevista a la agencia Efe insistió en acusar a EH Bildu de que ya sabía a qué se arriesgaba). Primero fue el propio Otegi quien, en las cámaras de ETB, dejó claro que no habrá cambio de nombre en las listas y que se recurrirá porque «sabemos lo que dice la doctrina sobre las inhabilitaciones». Insiste en que para vetarle el Constitucional tendría que saltarse toda la jurisprudencia anterior.

Le siguió EH Bildu. Oskar Matute y Oihane Zabaleta confirmaron la doble batalla, incidiendo en que está en juego el derecho de la ciudadanía vasca a decidir libremente quién quiere que sea lehendakari, sin aceptar vetos ajenos: «Solo pedimos las mismas condiciones que el resto, que el tablero de juego sea igual para todos», subrayó Matute. Y mientras, añadieron, defenderán su proyecto político, que dicen percibir ya en la calle como «ilusionante».

Hasta la Defensora del Pueblo presiona por la inhabilitación

El toque a rebato de los aparatos del Estado para forzar la inhabilitación de Otegi queda claro en detalles como la irrupción en el debate de la Defensora del Pueblo estatal. Esta institución tiene como teórica finalidad «velar por los derechos de todos los ciudadanos ante las instituciones mediante la supervisión de las mismas», y ello hace más peculiar la toma de posición en favor de cerrar el paso a Otegi.

Desde la página web de la institución –entre las noticias habituales de informes, quejas o recomendaciones– se difundió hace dos semanas un artículo que afirma cosas como la que sigue: «El Estado de Derecho debe intervenir, en tiempo y forma, para que la sentencia firme que condenó a Arnaldo Otegi por pertenencia a ETA se cumpla en todos sus términos y, en consecuencia, no pueda concurrir a las elecciones al Parlamento Vasco. Si bien la pena de prisión quedó extinguida el pasado 1 de marzo, persiste hasta el año 2021 la imposibilidad de concurrir a comicios como los que se van a celebrar el 25 de setiembre próximo».

La institución del Defensor del Pueblo está titulada desde 2012 por Soledad Becerril, ahora representante del PP y en su día ministra española de Cultura y de Bienestar Social en el último gobierno de UCD. Posteriormente fue alcaldesa de Sevilla y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados. En mayo pasado ya se mostró indignada por que el Parlamento Europeo recibiera a Otegi y preguntó si «va a hacer lo mismo con los responsables de los atentados de París».

Su escrito concluye afirmando que «es muy importante en la lucha contra el terrorismo que se cumplan las resoluciones judiciales en su integridad. El respeto debido a las víctimas y la ejemplaridad que debe predicarse de las instituciones también lo reclama».

Esas víctimas de ETA están siendo utilizadas desde Madrid como un argumento añadido para intentar legitimar el veto a Otegi, por encima de cuál sea el desenlace del litigio en los tribunales. Y algunas asociaciones han entablado una especie de carrera por hacerse con el trofeo. Así, Daniel Portero dice que ha sido Dignidad y Justicia quien desde 2014 alertó de la necesidad de blindar inhabilitaciones. Covite se cuelga la medalla por haber sido quien interpeló a los partidos para que impugnaran a Otegi. Y la AVT exige al Constitucional que este asunto no acabe como la legalización de Bildu en 2011.R.S.

Reacciones a la decisión inicial de la Junta Electoral de Gipuzkoa

«Esta inhabilitación es un error, el Estado no debe intentar resolver por vías jurídicas cuestiones que son políticas»

CARLES MUNDÓ

Conseller de Justicia (Generalitat)

«Este Gobierno de Navarra no comparte

lo que este caso

pueda tener de judicialización de la vida política»

ANA HERRERA

Portavoz (sustituta) de Nafarroa

«Sin ánimo de herir a nadie, la decisión de escoger a Otegi fue adoptada por EH Bildu de manera consciente»

IÑIGO URKULLU

Lehendakari de la CAV

«Si nos obligan a agotar este tránsito, lo haremos como en el año 2011; con nuestra cultura política no va la resignación»

OSKAR MATUTE

EH Bildu