2016 AZA. 20 DE TRIFULCA DE BAR A «TERRORISMO» Altsasu responderá unido a la criminalización el día 26 Un millar de vecinos de Altsasu participó ayer en la rueda de prensa en la que ediles, integrantes de la plataforma popular y familiares de los detenidos anunciaron que una movilización con el lema «Altsasu» tendrá lugar en esta localidad de Sakana este próximo sábado a las 13.00, para denunciar que se ha criminalizado a todo un pueblo. Martxelo DÍAZ IRUÑEA La plaza que se encuentra entre el centro cultural Iortia y el frontón Burunda de Altsasu estaba repleta de gente ayer al mediodía. Un millar de vecinos de esta localidad de Sakana, según el recuento realizado por GARA, acudieron a dar su apoyo a quienes tenían que intervenir en la rueda de prensa para anunciar que el próximo sábado a las 13.00 se ha convocado una manifestación. Mostrará su apoyo a los siete vecinos que están encarcelados acusados de participar en una trifulca de bar y denunciará la manipulación a la que se ha visto sometidos junto a todo el pueblo. “Altsasu” será el lema único de esta movilización, que quiere reflejar que la localidad asume esta convocatoria y denuncia lo ocurrido. El alcalde de Altsasu, Javier Ollo, recordó que prácticamente todos los grupos del Ayuntamiento (Geroa Bai, EH Bildu, PSN –a título individual de los ediles– y Goazen Altsasu) apoyan la convocatoria de movilización. Solo UPN la ha rechazado. Ollo leyó la declaración, en la que se muestra su apoyo a todos los afectados. Además, se asume como propio el sentir de las familias de los detenidos y se destaca que ha existido un gran sobredimensionamiento de los hechos. Por ello, se rechaza frontalmente que la causa se esté tramitando en la Audiencia Nacional española y se reclama que se traslada al Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea y que sea la Policía Foral quien se encargue de la investigación, como sucedió inicialmente. Además, se rechaza la versión de lo sucedido en Altsasu difundida por numerosos medios de comunicación. «No tienen nada que ver con la realidad», destacó el primer edil. Un portavoz de la plataforma Altsasuarra eta Harro mostró su preocupación por todo lo que está sucediendo en esta localidad de Sakana y afirmó que los derechos fundamentales de los detenidos no han sido respetados, denunciando que se han publicado sus nombres e identidades con objetivos perversos. «El pueblo está tocado –admitió–. Han señalado a todo un pueblo. Lo han criminalizado. Y todavía no sabemos exactamente qué consecuencias tendrá todo esto. No aceptamos este montaje periodístico-policial-judicial», destacó. Asimismo, recordó que los siete encarcelados están encerrados a cientos de kilómetros de Euskal Herria, por lo que sus familias tienen que hacer frente a un sufrimiento y a un coste económico añadido. «Estamos padeciendo una injusticia. Estamos asombrados por la dimensión que ha tomado lo sucedido. Han convertido Altsasu en cuestión de Estado», añadió. Por ello, pidió una respuesta serena a todo lo que están padeciendo. «Estamos orgullosos de ver a un pueblo que está respondiendo de manera unida», proclamó. Familias: «Estamos rotos» En nombre de los familiares, una vecina agradeció el apoyo recibido. «Estamos rotos y preocupados. No entendemos las detenciones. Solo queremos que vuelvan a casa, que vuelvan a hacer una vida normal», explicó, antes de subrayar que los detenidos no tenían ninguna intención de huir. Por ello, rechazan que se emplee el argumento de «riesgo de fuga» para tratar de justificar los encarcelamientos que se han llevado a cabo. De hecho, la mayoría de ellos se ha presentado voluntariamente ante los juzgados en varias ocasiones. «La voluntad de nuestros hijos e hijas y la nuestra es que estén en casa retomando su día a día, forjándose un futuro», subraya el comunicado leído por los familiares. Otro allegado de los detenidos valoró muy positivamente que los vecinos de Altsasu hayan sido capaces de unirse para responder unidos . «Es un verdadero ejemplo», subrayó. DE 10 A 15 AñOS Fuentes jurídicas citadas por la agencia Efe insistieron ayer mismo en que los detenidos por la trifulca del 15 de octubre pueden enfrentarse a una petición fiscal de entre 10 y 15 años, aplicando el cuestionado artículo 573 del Código Penal.