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EDITORIALA

Rompiendo el cerco de la pasividad e indiferencia


Dos vascos fueron detenidos ayer en el puerto griego de Igoumenitsa cuando pretendían traer a ocho refugiados a Euskal Herria en una acción de desobediencia civil apoyada y financiada desde la sociedad vasca. Ambos detenidos, Begoña Huarte y Mikel Zuloaga, tienen una larga trayectoria de participación en movimientos sociales de Euskal Herria. Según dieron a conocer pretendían desobedecer las políticas criminales de la Unión Europea con respecto al derecho de asilo y garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas refugiadas mediante el recurso a la desobediencia civil. Como ellos mismos remarcaron se trataba de una acción de solidaridad humana a la vez que una denuncia política.

La acción tuvo una amplia repercusión en sociedad vasca donde las muestras de apoyo y solidaridad, y las exigencias de libertad fueron constantes a lo largo del día. El Gobierno de Gasteiz informó de que estaba realizando gestiones al tiempo que afeaba la acción de los dos activistas detenidos al subrayar en una breve nota que no compartía el método utilizado. Resulta llamativo que precisamente los que han ejercido durante años de apóstoles de la no violencia, olviden ahora los llamamientos de los precursores de la acción no violenta a utilizar la desobediencia civil para hacer frente a situaciones o leyes injustas.

Tanto la acción de ayer para mostrar la indignación y el desacuerdo social con la política contra los refugiados como la protagonizada hace 10 días en Luhuso por otros activistas de los movimientos sociales en relación con el desarme de ETA resultan muy esclarecedoras. Ambas muestran que cuando los gobiernos rehuyen sus obligaciones, o mantienen situaciones que conculcan derechos humanos, es la sociedad civil la que termina tomando las riendas de la acción en defensa de esos derechos. Cuando eso ocurre, lo que parecía pasividad gubernamental se muestra como lo que realmente es: complicidad activa.