Lakua ya apunta a eliminar el SMI como base de la RGI

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, abrió ayer la puerta a que en la revisión que el Gobierno de Lakua debe remitir al Parlamento sobre la Renta de Garantía de Ingresos, se elimine el Salario Mínimo Interprofesional como base de cálculo. De momento, y entre críticas, insisten en subir solo el IPC en 2017.

La convicción general es que el Gobierno de Iñigo Urkullu no aplica a la Renta de Garantía de Ingresos la subida del 8% decretada para el Salario Mínimo Interprofesional porque considera que le sale muy cara. Así lo evidenciaron las primeras declaraciones del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, y de la de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, antes de fin de año, cuando ya apuntaban a los resquicios para no asumir ese incremento. El 4 de enero lo verbalizó la presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, cuando avisó de que «no va a ser fácil» que Lakua traslade esa subida el presupuesto porque supone «una cantidad muy importante». Tradujo el impacto en unos 30 millones de euros y afirmó que «no sé de dónde se podría sacar una partida tan importante».

La base de trabajo del Ejecutivo ha sido no asumir la subida y luego ha tratado de ver cómo vestir la decisión de limitar el incremento al IPC. Artolazabal ayer y Urkullu la víspera hablaban de la distinta naturaleza del SMI y la RGI, pero nunca pusieron en duda su relación cuando las subidas era mínimas.

El Gobierno alega que hay que potenciar que quienes cobran la prestación busquen empleo, pero los expertos sostienen que 50 euros de subida no van a desincentivar a nadie.

IPC, en los Presupuestos

La consejera Beatriz Artolazabal insistió ayer en que el incremento del IPC en la RGI garantiza mantener el poder adquisitivo de esta prestación y «unas condiciones de vida dignas».

La propuesta se materializará en el proyecto de presupuestos y para ser aprobada deberá contar con el apoyo de algún grupo de los que no forman el Gobierno. La subida para los perceptores tendría carácter retroactivo a 1 de enero.

Cambio de sistema

El Parlamento instó al Gobierno a presentar antes de cinco meses una propuesta integral sobre la RGI. Beatriz Artolazabal avanzó ayer que abandonar el SMI como referencia, es una de las posibilidades. Apuntó que la CAV es la única comunidad que utiliza ese indicador.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales puso el ejemplo de Nafarroa, que en la última reforma abordada por el actual Gobierno de Barkos ha decidido que la renta subirá cada año «como mínimo» lo que crezca el IPC o el salario medio en el territorio, lo que sea mayor.

En Nafarroa la renta para una persona es de 600 euros y en la CAV de 576,6 euros. Las condiciones de acceso a las prestaciones son también más sencillas en la comunidad foral que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

EH Bildu niega apoyo a los recortes y EP pide los informes jurídicos para no subir el 8%

Las críticas de los partidos de izquierda y sindicatos a la decisión del Gobierno de PNV-PSE no cesan. EH Bildu entiende que las posiciones que están manteniendo los jeltzales en esta materia avanzan que la reforma que van a presentar será restrictiva con respecto a los derechos actuales y supondrá un recorte. La parlamentaria Nerea Kortajarena ve similitudes con «el discurso rancio» del PP y un intento del Ejecutivo de buscar el apoyo a los presupuestos en la derecha española. La representante de EH Bildu asegura que «nunca vamos a admitir ni respaldar ninguna propuesta que suponga recortar derechos sociales y deje en la estacada a la gente más necesitada».

Elkarrekin Podemos, por su parte, anunció ayer la presentación de una solicitud para que el Gobierno remita al Parlamento los informes jurídicos en los que se basa para no aplicar en la RGI la subida del 8% del SMI aprobada por el Ejecutivo de Rajoy para 2017. Su parlamentaria Tinixara Guanche declaró que «el discurso utilizado por el PNV de que una subida de la RGI desincentiva el empleo es claramente manipulador: lo que desincentiva la búsqueda o el acceso al empleo de las personas perceptoras de la RGI no es el monto de la cuantía, sino la mala gestión que hace Lanbide».

El sindicato ESK considera que la decisión de no subir el 8% es «una nueva patada a las 64.000 personas y familias más empobrecidas y vulnerables», y anuncia que trabajará con otros agentes en la búsqueda de «una respuesta contundente».I.I.