2017 OTS. 28 EDITORIALA No todos los proyectos son posibles con esta ley EDITORIALA El fenómeno no es nuevo, pero en las últimas semanas se ha vuelto exponer en el escaparate de la actualidad con una crudeza inusual. Hablamos de la instrumentalización y la parcialidad del sistema judicial español. Pocos días después de que las benévolas sentencias de los casos Nóos y las tarjetas Black mostrasen una cara de la moneda, los juicios de ayer a Francesc Homs y al tuitero Alfredo Remírez mostraron la otra cara. La misma que condenó a tres años y medio al rapero Valtónyic por criticar la monarquía o que mantiene en prisión a Sara Majarenas en un caso de evidente necesidad humana para su hija. Los dos juicios de ayer fueron botón de muestra de la deriva de una Justicia que no se respeta a sí misma. Homs es un político que está siendo juzgado por haber ayudado, como cargo público, a poner unas urnas no vinculantes en para que los catalanes pudieran expresar su opinión sobre el futuro político del país. Más allá de los esfuerzos de la Fiscalía por desmentirlo o de las críticas de quienes esperaban una defensa más épica de aquel 9N, se trata de un juicio político que vuelve a tirar por tierra aquel mantra que decía que todos los proyectos políticos son factibles en ausencia de violencia. No lo son porque la violencia, sin restar gravedad ninguna a las expresiones violentas habidas en este país, nunca fue el problema de fondo, que tiene mucho más que ver con la democracia y la soberanía, como el caso catalán demuestra ahora. Pero la ficción de la violencia siempre puede mantenerse en un tribunal, como se ve en el calendario de juicios de la Audiencia Nacional española para esta misma semana: de nueve vistas orales, cinco son por «enaltecimiento del terrorismo» y dos por «humillación a las víctimas»; delitos que banalizan el concepto mismo de «terrorismo», que utilizan y jerarquizan a las víctimas y que ridiculizan la labor propia de la Justicia. El proceso catalán y la libertad de expresión en las redes sociales, cada una en su nivel, son las últimas víctimas de una maquinaria judicial antediluviana que hace tiempo que perdió su nexo con la justicia.