Torturados reclaman investigar los efectos de una «lacra impune»

Decenas de víctimas de tormentos de diferentes cuerpos policiales reclamaron en Bilbo a las instituciones que investiguen las consecuencias de las torturas en Euskal Herria para analizar también cómo las autoinculpaciones e inculpaciones a terceros han servido como única prueba para enviar a personas a prisión.

Decenas de personas que sufrieron torturas a manos de diferentes cuerpos policiales en distintas épocas se congregaron ayer en la Plaza Arriaga de Bilbo en una comparecencia masiva, en la que unieron sus voces y sus vivencias para conminar a las instituciones de Euskal Herria a poner «en marcha sin perder más tiempo un proceso de investigación sobre las consecuencias que la tortura ha tenido en Euskal Herria».

A puertas de la manifestación convocada por un grupo de víctimas de la tortura en Bilbo el próximo sábado y después de que recientemente miembros de Amnistía Internacional presentaran un informe que recoge medidas y recomendaciones sobre estas prácticas, las personas reunidas en Bilbo por la Fundación Egiari Zor llamaron la atención sobre la necesidad de «analizar este fenómeno en toda su dimensión, como autoinculpaciones, inculpaciones a terceros, etc...» por la importante repercusión de las mismas, ya que estas «han servido como única prueba para condenar a la víctima en procesos judiciales y enviarla a prisión».

Exigieron «verdad, reconocimiento, reparación y garantías de no repetición», pero también medidas «hacia los victimarios, sus responsables políticos y con los cuerpos policiales en cuestión, con su identificación pública». Aunque sin precisar ninguna de las medidas que deben adoptarse, plantearon a modo de interrogantes cuestiones que deben abordarse como el reconocimiento del daño causado por parte de los victimarios, su expulsión o dimisión, la apertura de diligencias, la readecuación del modelo policial o la constitución de un observatorio de control con técnicos y sociedad civil.

Tal y como señalaron, en aras de una verdad completa, habría que investigar también lo ocurrido con «ciudadanos de otros pueblos que por su vinculación emocional o política con el conflicto vasco también fueron torturados», ya que existen casos conocidos.

«Ningún resquicio de duda»

Dejaron claro que no son «un número ni una simple estadística» y mostraron su disposición a someterse al examen de técnicos especialistas en la aplicación del Protocolo de Estambul. «No queremos que sobre este asunto exista ningún resquicio para la duda. Nosotros no tenemos nada que esconder», subrayaron. «Somos víctimas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza. Durante el tiempo que cada una de nosotras estuvo en sus manos sufrimos tortura», precisaron Ixone Fernández y Haritz Petralanda en nombre del colectivo reunido en Bilbo, a través del comunicado que leyeron en euskara y castellano, respectivamente.

Durante el mensaje hecho público, mostraron en alto el lema “Inpunitateari stop” y señalaron que la actualidad política les «interpela directamente», al recordar el juicio que tendrá lugar próximamente contra varios miembros de la guardia Civil acusados de torturar a una ciudadana vasca. La vista por el maltrato infligido a Sandra Barrenetxea, detenida en 2010 junto a otras nueves personas que también denunciaron haber sido torturados, no debería ser noticia, según indicaron, porque esos hechos nunca debieron haberse producido en un Estado que dice ser de derecho y porque «la lógica democrática» dice que una denuncia debería haber conducido a «un proceso de investigación veraz». «Que la noticia sea que una denuncia por torturas ha acabado en un juzgado habla por sí sola de la absoluta impunidad que la cubre», manifestaron.

«Todo valía con tal de negar»

Se refirieron, asimismo, a la dimensión que la vulneración de derechos humanos pudiera tener en Euskal Herria, cuantificada recientemente por Euskal Memoria Fundazioa en 5.657 casos acreditados desde 1947 hasta 2014», aunque el censo no deja de crecer. Tal y como detallaron, en un país de tres millones de habitantes se han confirmado ya 5.657 casos de tortura, de media al año han sido torturadas 75 personas a lo largo de 70 años». «Esto no responde de ningún modo a casos aislados», concluyeron.

Por ello, precisaron que no son más que «una pequeña parte del drama humano y social» que esta práctica constituye en Euskal Herria e hicieron un relato genérico de la realidad que han vivido a lo largo de estos años, para precisar también que tras ver vulnerados sus derechos fundamentales, ser víctimas de un Estado que debería ser garante de los derechos humanos, tuvieron que enfrentarse después al negacionismo, la impunidad y a la criminalización de quienes denunciaron.

«Todo valía con tal de negar la mayor para justificar la persistente actitud de mirar hacia otro lado», manifestaron, al tiempo que agregaron que «la denuncia pública, la muerte, el cuerpo reventado de la víctima o el aniquilamiento sicológico no han sido prueba suficiente para quienes restaban credibilidad a esa brutalidad».

Seguir negando contribuye a que se perpetúe

Las víctimas de torturas reunidas ayer en Bilbo destacaron que «más de medio siglo de inacción y negación» es «incomprensible desde un punto de vista democrático». Mostraron, además, su indignación porque aún hoy «cuando en este pueblo se habla de tortura, hay quien se rasga las vestiduras, sin mostrar el más mínimo tacto hacia las víctimas» y se refirieron también a quien se escuda en la falta de condenas por torturas para negar su existencia por parte de un cuerpo policial concreto. Tal y como denunciaron, asirse a ese argumento es «echar balones fuera para no asumir responsabilidades» e «intentar sacar rédito político de la indecente impunidad en torno a esta lacra». «No continúen en la estrategia negacionista que ha sido una de las responsables de que esta aberración contraria a la dignidad humana se perpetúe durante décadas», reclamaron.N.G.