2017 MAR. 29 EDITORIALA ¿Por qué la RGI es gasto y el TAV es inversión? EDITORIALA El lenguaje no es neutral. El empleo de una palabra u otra para referirnos a un mismo asunto condiciona inconscientemente el contexto en el que vamos a interpretarlo. No es casual que para hablar del dinero destinado a políticas sociales se hable de gasto social y que, en cambio, para hablar de la construcción de grandes infraestructuras se hable de inversiones. Gastar supone perder dinero; invertir implica que ese dinero volverá. Hablar del gasto que supone la RGI y de la inversión de millones de euros en el TAV, por tanto, no es gratuito. Ayer se pudieron contemplar en Gasteiz ambos ejemplos. Por un lado, el lehendakari anunció a bombo y platillo un plan de inversiones de 8.800 millones de euros para reactivar la economía. Un plan que sin un mecanismo claro de rendición de cuentas corre el riesgo de quedar como mero ejercicio propagandístico, dado que, junto a partidas necesarias en materia de empleo o de educación, se cuelan millones de euros para el TAV. Dinero que, evidentemente, se incluye como inversión destinada a reactivar la economía. Por otro lado, en el Parlamento de Gasteiz colectivos sociales y sindicatos comparecieron para exigir la subida del 8% de la RGI, en consonancia con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tal y como marca la ley. Una subida a la que PNV y PSE se han negado reiteradamente, alegando el desmedido incremento del gasto que supone, pese a que apenas son 30 millones más, –un 0,34% de los 8.800 millones anunciados por Urkullu–. El sábado una manifestación reclamará en Bilbo que se cumpla la ley. Más allá de los argumentos éticos a favor de las ayudas, llegados a este punto cabe recordar a aquellos que insisten en hablar de gasto en la RGI que el retorno social del dinero invertido en políticas sociales es mayor que el del gastado en grandes infraestructuras. Lo es tanto en renta para la población como en retorno para el erario público, en forma de recaudación así como en empleo creado. Es difícil imaginar, por tanto, un plan de empleo más eficiente que la inversión en política social.