Tras 24 horas de embrujo, la cruda dependencia

Tras el recordatorio del jueves a cargo del líder del PP en la CAV, Alfonso Alonso, el Consejo de Ministros del Gobierno español demostró ayer quién manda al anunciar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado entre 1978 y 1999, aprobada en julio de 2016 con los votos de PNV y PSE y la abstención de EH Bildu, que consideró positiva pero insuficiente una ley que no equipara por igual a todas las víctimas y cuyo límite temporal deja fuera a muchas de ellas. El desplante de Madrid llega solo 24 horas después de que los jeltzales salvasen los presupuestos y la legislatura del PP votando junto con Ciudadanos y UPN, y derrumba de un plumazo la supuesta bilateralidad con la que Sabin Etxea ha justificado el pacto con el partido más impopular en Euskal Herria.

El recurso tiene varias lecturas, y no es la menos importante la referida a la necesidad del PP de sacar algo de pecho en público, después de que el PNV haya lucido radiante las supuestas cesiones de un Gobierno español que, en realidad, no ha hecho sino cumplir sus normas y reeditar viejos compromisos. A este respecto, ya se sabe que, tras un acuerdo político, la parte que más se empeña en justificar sus bondades suele ser la que, en realidad, se lleva la peor parte –y, por consiguiente, más esfuerzos debe hacer para vender el acuerdo a su público–. Urkullu tiene un buen ejemplo de ello en sus socios de Gobierno en Gasteiz.

En cualquier caso, hay una lectura que sobresale de forma notoria sobre el resto: el recurso a la Ley de Víctimas del Estado es el más crudo recordatorio de la evidente relación de dependencia que las instituciones vascas mantienen respecto al Estado español. Una dependencia que, en vez de combatir como partido soberanista que se presupone –buena parte de sus bases lo son, sin duda–, el PNV prefiere disfrazar de falsa relación igualitaria. Algo que solo el tiempo dirá si pasa factura o no al partido, pero que a buen seguro el país pagará caro.