2017 MAI. 10 KOLABORAZIOA Cien años de apartheid israelí Jesús Valencia Internacionalista En mayo de 1948 Israel se autoproclamó Estado soberano y la ONU le regaló más de la mitad de Palestina. Según el relato oficial, un gran día: los judíos dispondrían de un hogar en el que cobijarse y dos Estados –Israel y Palestina– vivirían en armoniosa vecindad. La realidad era diferente: el mundo pudo ubicar en aquella parcela a los judíos a los que no quería recibir y estos gozaron del visto bueno para culminar su tarea; ya llevaban cincuenta años colonizando Palestina y ahuyentando a sus pobladores. Cien años de colonización sionista y de resistencia palestina han arrancado de cuajo las caretas; aquel supuesto Estado modélico exhibe su habitual crueldad y recibe hoy el juicio ético que se merece. La fiesta nacional de este año estará marcada por dos hechos ilustrativos: la huelga de hambre de los presos políticos palestinos y el señalamiento de Tel Aviv como régimen de apartheid. Este solo puede sostenerse mediante la represión y el encarcelamiento masivos; miles de palestinos –incluidas mujeres y niños– soportan duros regímenes carcelarios. El día 17 de abril, la población reclusa se declaró en huelga de hambre y la población palestina apoya esta decisión. Las autoridades israelíes han habilitado dentro de las cárceles hospitales de campaña; intentarán alimentar por la fuerza a los huelguistas, medida que se niegan a aplicar los médicos civiles. Hace dos meses, una Agencia de la ONU publicó un contundente informe que aseguraba: «más allá de toda duda razonable, Israel es culpable de políticas y prácticas que constituyen el crimen de apartheid». Dicha afirmación se ajusta a la realidad: Israel mantiene en vigor numerosas leyes discriminatorias; en los territorios ocupados aplica legislaciones diferentes; otorga la nacionalidad a cualquier judío que llegue y se la niega a los pobladores originarios; los palestinos de Jerusalén solo cuentan con permisos de residencia susceptibles de perderlos por ausencias prolongadas; los servicios de agua, educación, atención sanitaria están distribuidos de forma desigual; la población palestina no puede usar carreteras privativas y sus coches tienen que llevar matrículas diferentes; no se le conceden permisos para que pueda mejorar sus viviendas o construir una nueva. El título del informe (“Prácticas israelíes contra el pueblo palestino y la cuestión del apartheid”) ya preludiaba tormenta y su publicación la desató. Palestina lo calificó de histórico; era la primera vez que una Agencia de la ONU declaraba a Israel culpable de apartheid y urgía al mundo para que tomase medidas contra este crimen. Tanto Estados Unidos como los aludidos negaron la acusación y arremetieron contra quienes la formulaban. Reacción propia de necios. Significados líderes israelíes admitieron el riesgo de incurrir en dicho atropello si la colonización masiva se prolongaba: «Tendremos que liberarnos de los territorios y de la población árabe lo antes posible si no queremos convertirnos en Estado de apartheid» (Ben Gurion). «Sólo será posible mantener a toda la población árabe dentro de un Estado judío mediante la práctica del apartheid» (Isaac Rabin). «Hemos establecido un régimen de apartheid en los territorios ocupados» (Michael Ben-Yahir, ex fiscal general del Estado). Si líderes israelíes inteligentes admiten la práctica de esta lacra, es inevitable que otras voces también la repudien. El año 2004, la universidad de Toronto organizó la primera semana contra el apartheid israelí; en la actualidad, más de 200 ciudades de todo el mundo organizan estas semanas entre los meses de Marzo y Abril. La publicación del Informe también dejó al descubierto el talante del nuevo secretario general de Naciones Unidas. Acobardado por las presiones, exigió a los responsables del informe que lo retiraran. Ya era tarde, el mensaje se ha extendido y la campaña de boicot a Israel ha salido reforzada. La secretaria ejecutiva de la Agencia que redactó el documento, demostró entereza y dignidad; prefirió renunciar a su cargo antes de cometer la ruindad que le exigían. La jordana Rima Jalaf se expresaba así en su carta de dimisión: «Resulta lógico que el criminal agreda a todo el que defienda la causa de la víctima. A pesar de todo, yo no estoy dispuesta a someterme a estas presiones. Estoy persuadida de que decir la verdad ante el opresor no es solo es un derecho sino también un deber. (…) La dolorosa realidad es que el régimen de apartheid sigue vigente en el siglo XXI».